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La Plataforma del Tercer Sector ha reunido a las principales
entidades de acción social del país para analizar la reciente sentencia del
Tribunal Constitucional con respecto a la convocatoria de subvenciones con cargo
a IRPF[1], y
acordar una posición de consenso que permita estudiar posibles vías de
solución.

La Plataforma, en nombre de dichas entidades, manifiesta
que la atención a las personas en situación de exclusión social no puede estar
constantemente en peligro, sin saber si los proyectos de los que dependen
tendrán o no continuidad en el ejercicio siguiente. Los proyectos actualmente en
marcha, y los más de siete millones de personas a los que se atiende por medio
de ellos, no pueden quedar en un “limbo administrativo” que impacte
negativamente en una importante parte de la acción social española.

La
desaparición de los fondos derivados del
0,7% de IRPF supondría una “herida de muerte” para el sector que se vería abocado a
reducciones drásticas de estructura.

Por ello,
necesitamos una apuesta clara y decidida por un sistema que ofrezca garantías
de continuidad y estabilidad al Tercer Sector, un nuevo sistema de distribución
de este ejercicio de democracia directa y solidaridad ciudadana que supone el
que los contribuyentes destinen libremente el 0,7% de sus impuestos para apoyar
a las personas que más lo necesitan.

En este empeño, la Plataforma ha mantenido varias
reuniones con el Gobierno, en las que le ha trasladado la necesidad de actuar
con urgencia y adoptar medidas que garanticen la estabilidad del sector.

Aunque se han constituido distintos grupos de trabajo
para tratar el asunto, será en la reunión de la Comisión para el Diálogo Civil
del próximo 9 de febrero donde se aborde la cuestión en profundidad y se
planteen diferentes opciones que preserven la solidaridad y cohesión
territorial.

Desde la Plataforma del Tercer Sector, respetamos y acatamos,
como no podría ser de otro modo, la decisión del Tribunal Constitucional, pero
seguimos defendiendo la pertinencia de un sistema que aproveche el potencial de
las entidades sociales para garantizar la solidaridad territorial y reequilibrar
la atención social en nuestro país, como han venido haciendo durante los más de
30 años de vigencia del modelo de reparto actual.

El foco del sistema de reparto del 0,7% de IRPF debe ser
la persona; atender a quien más lo necesita. Por ello, ofrecemos nuestra
colaboración al Gobierno, al mismo tiempo que le pedimos compromiso y
diligencia en la propuesta de medidas que garanticen la calidad y continuidad
en la atención a las personas, que son nuestro único objetivo.

La Plataforma del Tercer Sector

Fundada en enero de 2012 por siete de las organizaciones
más representativas del ámbito de lo social en España (PVE, POAS, EAPN, CERMI,
Cruz Roja, Cáritas y ONCE), a la Plataforma se han sumado posteriormente la
Coordinadora de ONGD de España y la Plataforma de Infancia, y se han creado
ocho plataformas autonómicas (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Murcia y La Rioja).

Actualmente, está integrada por veinte organizaciones por
medio de las cuales representa a cerca de 30.000 entidades del ámbito social.


[1] Conflicto positivo de competencia núm. 4777-2016,
planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra la Resolución de
18 de mayo de 2016, de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se convocan subvenciones estatales destinadas a la
realización de programas de interés general con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.