Compartir

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un escrito a la sala que juzga el 1-O en el que solicita que se inste la suspensión en sus funciones de los cinco parlamentarios que se encuentran en prisión preventiva, una vez cumplidos los trámites de toma de posesión de sus cargos.

En un escrito de cinco folios, el Ministerio Fiscal solicita a la sala que, una vez que han tomado posesión de los escaños y consolidado sus derechos de participación política, “se comunique a la Mesa del Congreso de los Diputados, respecto de los procesados por delito de rebelión y presos preventivos”, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull, y a la Mesa del Senado, respecto de Raül Romeva, que se proceda a la aplicación “inmediata” del artículo 384 bis de la Lecrim para que sean suspendidos en sus funciones.

El artículo 384 bis de la Lecrim dispone que una vez “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

La Fiscalía recuerda que el Supremo descartó ya la petición de suplicatorio para enjuiciar a los parlamentarios electos que ya estaban procesados e inculpados cuando concurrieron a las elecciones generales, y rechazó la solicitud de libertad provisional de los parlamentarios mencionados.

Ahora está en manos de las Mesas del Congreso y del Senado la aplicación del citado artículo. Todo hace pensar que estos órganos recién constituidos no van a tomar una decisión de manera inmediata y se espera que antes de adoptar un acuerdo recabarán informes de los servicios jurídicos de las Cámaras.

(SERVIMEDIA)