La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado indicios de que el exvicepresidente de la constructora OHL y exministro del PP Josep Piqué podría estar implicado en una supuesta adjudicación irregular del contrato de ejecución y explotación del campus de la Ciudad de la Justicia de Madrid, según informó la Ser.
Esas pruebas provendrían, según ha informado la Cadena Ser, de dos cadenas de correos electrónicos entre Piqué, el exconsejero delegado de la constructora, Javier López Madrid, y otro directivo de la empresa.
Según estos correos, habrían contactado con el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para que mediase con la mesa de contratación que propuso adjudicar este contrato millonario a la UTE formada por OHL y Acciona el año 2015, con un valor de 771 millones de euros.
La Guardia Civil ha remitido un informe al Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que a su vez lo ha trasladado al Juzgado número 5, que dirige José de la Mata.
Según las citadas informaciones, entre el 7 y el 8 de abril de 2015 el director general de la actividad de OHL en España, Rafael Martín de Nicolás, comunicó a Piqué que se habían presentado al concurso en UTE con Acciona y que creía que tenían muchas posibilidades para las «conversaciones mantenidas previamente» con los servicios técnicos.
Pese ello, señalaba que sería «muy importante hacer gestiones al más alto nivel» y llegaba a mencionar el nombre de Ignacio González. Piqué reenvió este correo a López Madrid y le preguntó por las posibles gestiones. El exconsejero delegado le respondió que ya hizo gestiones pero aconsejaba volver a comentarlo con Ignacio González, a lo que Piqué respondía dándole las gracias.
El otro hilo de correos data del 29 de abril. El entonces vicepresidente de OHL recibió un correo de Rafael Martín de Nicolás y lo reenvió a Javier López Madrid. En ese mensaje Martín de Nicolás aseguraba que habían sido informados «muy confidencialmente» que su oferta era la mejor, aunque dos de los cinco miembros de la mesa de contratación creían que la UTE no cumplía con el pliego de condiciones. Informaba, además, de que entregó a la mesa una nota “por conducto extraoficial» para desmontar esas dudas. La Guardia Civil considera que estos correos avalan un intento de “manipulación” de esa adjudicación.
Cuando Cristina Cifuentes relevó a Ignacio González en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, esta adjudicación se suspendió y OHL y Acciona reclamaron judicialmente una indemnización a la Comunidad de Madrid, que está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo.
(SERVIMEDIA)
