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La Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones ANFAC ha denunciado ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de las Islas Baleares. Esta norma, en avanzada fase de tramitación, incluye la prohibición de que puedan circular por las islas, a partir de 2025, vehículos diésel (coches y motos) que circulan legalmente en el resto de España y de la Unión Europea. Yendo aún más allá, a partir de 2035, se prohibirá la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas propulsadas por combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales). Sólo podrán hacerlo los ya radicados en la región, con independencia de su antigüedad. Esta denuncia, también ha sido apoyada por FACONAUTO, la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automóviles.

Ningún ciudadano europeo podrá acceder con su vehículo de combustión a estos territorios insulares a partir de estas fechas. Tampoco los concesionarios radicados en las Islas podrán vender vehículos de nuevas tecnologías como sí pueden hacer los sitos en la Península, con el consiguiente impacto económico.

La Asociación entiende, en sus escritos dirigidos a estas autoridades, que estas medidas son “arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas”, “están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico” y suponen “un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea”, así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, además de ser “inéditas en toda Europa”. La prohibición pretende “atajar un supuesto problema de calidad del aire”, asegura la denuncia, cuando la calidad del aire en las Islas es entre buena y excelente en base al propio Informe de Calidad del Aire 2017 de las Islas Baleares. No puede ampararse así en la excepción de la protección del medio ambiente y la salud de las personas porque no concurren los requisitos necesarios.

La prohibición incumple flagrantemente la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al “afectar gravemente al normal funcionamiento del mercado e incidir de manera gravosa y perjudicial a la libertad de circulación de mercancías”, afirman en la denuncia. Además, supone un “grave obstáculo para la unidad de mercado español y tendrá unos efectos muy negativos” para el sector.

ANFAC solicita así a la Comisión Europea que inicie un procedimiento por infracción del Derecho de la Unión Europea y, en caso de que se mantenga la vigencia de la aprobación, que se adopten medidas cautelares consistentes en la suspensión de la prohibición. Además, se solicita al Consejo de Unidad de Mercado que proponga la adopción de medidas necesarias para evitar la entrada en vigor de la prohibición.

Ha de destacarse que la prohibición contempla que se introducirán “excepciones por razones de servicio público o de su radicación previa en el territorio de la comunidad autónoma”. Estas excepciones son susceptibles de ser discriminatorias, en la medida que tratan de forma diferente a los vehículos de servicios públicos o a los radicados en las Islas Baleares con anterioridad. “Es evidente así que las empresas y ciudadanos que no residan en las Islas no podrán, en términos generales, beneficiarse de esta excepción y circular con sus automóviles”. Tampoco los europeos propietarios de un vehículo diésel (a partir de 2025) o con motor de combustión (2035) podrán entrar con sus coches y circular libremente por las Islas a partir de estas fechas.

Esta denuncia, también ha sido apoyada por FACONAUTO, la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automóviles.