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Unidas Podemos y PSOE quieren prohibir la minería de uranio en la Ley de Cambio climático

Unidas Podemos y PSOE han planteado una batería de enmiendas conjuntas al proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica en las que plantean aumentar en el texto legislativo la ambición de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, prohibir la minería de uranio, adelantar a 2030 el fin de la fabricación de los vehículos con emisiones y que permite un mayor grado de autonomía a la Empresa Estatal de Residuos (Enresa).

Las enmiendas parciales plantean, entre otras modificaciones, elevar del 20 al 23 por ciento el objetivo de reducción de emisiones de aquí 2030 respecto al año 1990; pasar del 70 al 74 por ciento en la participación de las renovables en el consumo de electricidad para 2030; de un 35 a 42 por ciento en la participación de las energías limpias en el consumo final de energía para 2030 y elevar, desde el 35 al 39,5 por ciento la reducción de energía primaria.

Además, proponen que los objetivos de la ley solamente podrán modificarse al alza de forma que se garantice un aumento progresivo de la ambición en la lucha contra el cambio climático.

Asimismo, las enmiendas subrayan la importancia de la lucha climática y la alinean con los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y el marco de la cooperación multilateral.

De aceptarse la enmienda parcial conjunta ahora propuesta por los dos partidos que forman el Gobierno, la ley conllevaría la prohibición de la investigación y el aprovechamiento de mineral radiactivo “en todo el territorio nacional”, como por ejemplo el uranio, lo que conllevaría el fin de proyectos mineros en desarrollo en la actualidad como la mina de Berkeley Minera en Retortillo (Salamanca).

Al mismo tiempo, la enmienda parcial de adición al artículo 8 del proyecto de ley, establece que quedará archivado cualquier procedimiento de autorización de instalaciones radiactivas de ciclo de combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales.

En materia de combustibles, añade al artículo 10 del proyecto normativo, que se refiere al fomento de la penetración de gases renovables a partir de materias primas o residuos orgánicos y subproductos de origen animal o vegetal, que se harán regulaciones que favorezcan el uso industrial directo de estos gases sobre todo para soluciones de movilidad.

FRENO A LA DEFORESTACIÓN POR EL ACEITE DE PALMA

No obstante, proponen también que el Gobierno establezca objetivos anuales de integración de renovables y suministro de combustibles alternativos en el transporte. Del mismo modo, podrá limitarse, con una senda de reducción hasta 2030, la contribución al cumplimiento de los objetivos anuales de biocarburantes de primera generación producidos con materias primas que conlleven un elevado riesgo de cambio indirecto del uso de tierra. Se refiere con ello, por ejemplo, a biocarburantes, como el aceite de palma, procedentes en buena medida de zonas con tierras que disponen de grandes reservas de carbono.

Por otro lado, plantean como mejoras a la propuesta legislativa un mayor compromiso para adoptar una ley de movilidad sostenible, el fomento del transporte ferroviario para personas y mercancías, la introducción del concepto del impacto de la dieta alimenticia en el cambio climático o una enmienda de mejora de la protección de la biodiversidad.

En materia de movilidad sostenible, señala que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar con un plan de movilidad sostenibleque, al menos, sean coherentes con los planes de calidad del aire de cada ciudad y que fomenten el reparto de mercancías y de movilidad al trabajo con métodos sostenibles.

Las enmiendas añaden un nuevo artículo al proyecto de ley, por el que se establece el cese definitivo de la producción nacional de carbón, de modo que las autorizaciones de explotación y permisos queden supeditados a la devolución de las ayudas de todo el plazo del plan de cierre de la minería de la UE.

Por último, proponen incluir en la futura ley una disposición adicional por la que se modificaría la Ley 25/1964 de 29 de abril de Energía Nuclear por la que las obras de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación o desmantelamiento en el marco del Plan General de Residuos del Gobierno, serán consideradas obras de interés general que “no están sometidas a ningún acto de control municipal” de los que figuran en la ley reguladora de las bases del régimen local.

También añade otra disposición adicional que afecta a la Empresa Estatal de Residuos, de modo que Unidas Podemos y PSOE proponen que el Ministerio para la Transición Ecológica podrá mediante una orden ministerial los criterios y condiciones por los que Enresa pueda celebrar convenios con los municipios en el entorno de instalaciones nucleares para financiar las actividades que financia en tales municipios.

El Ministerio quiere fijar ahora que estas actividades que realiza Enresa en los municipios deben contribuir al desarrollo socioeconómico o medioambiental de esos municipios, promover la generación de empleo, la actividad económica en sectores de transición ecológica y creación de tejido social y lucha contra el reto demográfico.

Para el diputado de Unidas Podemos y presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juantxo López de Uralde, la ley de cambio climático debe ser una “herramienta fundamental” para avanzar contra la emergencia climática. “Haremos todos los esfuerzos políticos para que la Ley sea lo más ambiciosa y eficaz posible. Queremos quecombine la máxima ambición, con la capacidad de establecer una hoja de ruta realista que impulse la transición energética en España”, ha valorado.

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