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El Tribunal de Cuentas avisa del futuro del Instituto de Vivienda de Defensa por falta de fondos

El Tribunal de Cuentas ve comprometido el futuro del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) por los gastos que asume, que están “descapitalizando” el organismo y restando fondos destinados a nuevas inversiones en infraestructuras y material para las Fuerzas Armadas.

Así consta en el informe del año 2017, el último revisado por el órgano fiscalizador y remitido al Congreso de los Diputados, al que ha tenido acceso Europa Press. El documento revisa los bienes patrimoniales de los que dispone el organismo y su gestión.

En concreto, apunta que de los datos de la contabilidad analítica “se deduce una situación que compromete seriamente la gestión futura del organismo y el normal cumplimiento de sus competencias”. Lo atribuye al gasto por la compensación económica al personal militar por movilidad geográfica (47,5 millones de euros en 2017), que se está financiando predominantemente con los ingresos obtenidos por la enajenación del patrimonio.

Según avisa, ni siquiera la “insuficiente” transferencia anual del Ministerio de Defensa (20,6 millones en 2017) se está cobrando por el INVIED, al estar retenidos los fondos por la Dirección General del Tesoro.

“Esta situación está descapitalizando el organismo y restando fondos destinados a nuevas inversiones en infraestructuras y material para las Fuerzas Armadas, resultando insostenible a medio plazo”, advierte el Tribunal de Cuentas.

El órgano fiscalizador también ha advertido una “relevante falta de autonomía” del INVIED para su planificación y dirección, actualmente “muy dependientes de la Secretaría de Estado de Defensa”; así como en la determinación de necesidades, prioridades y actuaciones a desarrollar, “impuestas en gran parte por las tareas ineludibles de la gestión ordinaria y por los requerimientos de los tres ejércitos”.

Con ello, la gestión se enfoca a la atención de las tareas inmediatas para atender a sus funciones, “que son muchas” y centradas en asuntos como la administración de los inmuebles, enajenaciones, conservación y mantenimiento de las viviendas militares, contratación, convenios o compensación por vivienda; así como al cumplimiento de las directrices del Ministerio de Defensa.

Al 31 de diciembre de 2017, los saldos del inventario de bienes muebles del INVIED eran de un total de 6.161 elementos, gran parte de ellos de mucha antigüedad, y algunos figuran con valor cero o importes simbólicos, según subraya el Tribunal de Cuentas.

En cuanto a los bienes inmuebles, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa cuenta con 5.667 inmuebles no enajenables y otros 6.500 enajenables, registrados por un valor bruto de 70,8 millones de euros.

El informe revela que las enajenaciones registradas en 2017 presentan un saldo de 65,7 millones de euros, que corresponden a: 13,5 millones por subasta, 31,4 millones por adjudicación directa, 20,5 millones por concurso y 0,3 millones por expropiaciones y reversiones. Del total, 48,1 millones de euros corresponden a la enajenación de bienes propios y 17,6 millones a bienes desafectados.

Pero además, el Tribunal de Cuentas apunta que en los procesos de enajenaciones de inmuebles propios y desafectados se aprecian “diferencias muy importantes” entre las valoraciones contables y precios de salida de los bienes y los precios finalmente alcanzados, en ocasiones al alza y en otras a la baja, sin que conste en los expedientes justificación técnica y económica de esas circunstancias.

Conforme a la información de los inventarios, el INVIED disponía a 31 de diciembre de 2017 de 6.500 unidades patrimoniales propias enajenables (5.758 viviendas, 539 locales y 203 solares), de las cuales, 2.382 viviendas y 70 locales no eran aptos para su venta a corto plazo por diversas circunstancias, y otras 2.964 viviendas y 152 locales estaban ocupados, por lo que solo se pueden ofertar a sus titulares.

Por lo tanto, las posibilidades de venta a terceros, al término de 2017, se limitaban a 412 viviendas y 317 locales, además de los solares (de los cuales un número no identificado no era tampoco apto para la venta por falta de depuración física y jurídica, según aclara el Tribunal de Cuentas).

El órgano fiscalizador avisa de que estas situaciones provocan el progresivo vaciamiento habitacional de colonias y urbanizaciones muy antiguas, con muy pocos ocupantes y de edad avanzada, “dando lugar a problemas y costes adicionales de seguridad, ocupaciones irregulares, mantenimiento o ruina”.

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