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Sánchez: Las CCAA ejecutarán más del 50% de los proyectos financiados con fondos europeos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este lunes a los presidentes autonómicos que serán sus gobiernos autonómicos los encargados de ejecutar directamente más del 50% de los proyectos del Plan de Recuperación que se sufragará con los fondos europeos, mediante convenios marco entre los ministerios implicados y las comunidades autónomas.

Es el caso, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medioambiente, cuyas competencias recaen en las comunidades autónomas y, por lo tanto, deben ser ellas las encargadas de desarrollar los proyectos, según el Gobierno.

“Son los territorios los que van a dar vida a estos proyectos. Y para ello, ya estamos en marcha. España ya ha presentado el borrador de un gran plan de recuperación, y hoy hemos comprobado que nuestras comunidades autónomas también están en marcha. Esta es la mejor noticia que le podemos ofrecer a la ciudadanía en tiempos tan complicados”, ha destacado la ministra de Política Territorial y Función Publica, Carolina Darias, al término de la XXIII Conferencia de Presidentes.

Asimismo, Sánchez ha traslado a los presidentes autonómicos que no va renunciar a pedir el total de 140.000 millones de euros que le corresponden a España de los fondos europeos ‘Next Generation’, aunque se ha reafirmado en que primero van a priorizar la obtención de los 72.000 millones en transferencias en los tres próximos años.

Así lo ha confirmado Darias en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Senado tras la XXIII Conferencia de Presidentes, que se ha celebrado de forma telemática y que ha contado con la participación por videoconferencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“España, como ha dicho hoy el presidente y ha informado a todos los presidentes de comunidades autónomas, vamos a ir a por los 140.000 millones que está destinado para nuestro país, pero estableciendo como objetivo inicial los 72.000 millones de euros de las transferencias”, ha confirmado Darias.

Por tanto, ha recalcado que el hecho de que el Gobierno haya decidido centrarse “en la obtención primero de 72.000 millones en transferencias en los primeros tres años, de 2021 y 2023”, no significa que vayan a “renunciar” al resto de los 140.000 millones. “Todo lo contrario”, ha afirmado.

De este modo, Sánchez ha reafirmado que el plan es ejecutar los 72.000 millones de transferencias entre 2021 y 2023 de la cifra total de 140.000 millones de fondos europeos que corresponden a España, a recibir hasta 2026, con la intención de ejecutar el 70% en los dos primeros años, e ir analizando las necesidades crediticias para dar paso en la segunda parte (2023-2026) a la solicitud de créditos con el montante restante (unos 58.700 millones en créditos).

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, DIGITALIZACIÓN O PLAN DE JUSTICIA

Darias ha detallado, por ejemplo, que se destinarán 4.500 millones de euros a proyectos que tengan que ver con la rehabilitación sostenible de viviendas; 2.500 millones transición ecológica; 7.000 millones a políticas educativas, “con especial atención a la formación profesional y la digitalización”; 2.000 millones para proyectos que tengan que ver con la nueva economía de los ciudadanos y la igualdad de oportunidades; y 600 millones para modernización y digitalización de las administraciones públicas.

Además, ha anunciado que también se desarrollará un proyecto para impulsar el plan de ajuste de la justicia 2030, con participación del Gobierno, de las comunidades y también de otros actores como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Fiscalía, “que va a afectar a 14 millones de personas”, y que servirá para impulsar, por ejemplo, oficinas de justicia en municipios y oficinas digitales. “Es el gran impulso que necesita la justicia”, ha afirmado, aunque no ha detallado su cuantía.

Según Darias, el acuerdo alcanzado en Europa sobre los fondos para hacer frente a la crisis del coronavirus exige también en España un “gran acuerdo”, que debe incluir a todas las administraciones, los niveles territoriales, y actores políticos y económicos.

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