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Montero asume que tendrá que aprobar planes de reequilibrio

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido ante el Pleno del Congreso la necesidad de “aplazar el cumplimiento” de los compromisos de estabilidad presupuestaria por la crisis del Covid-19 “hasta que las condiciones económicas lo permitan” pero ha apostillado que, entonces, “será el momento de poner en marcha políticas fiscales que lleven a la senda de estabilidad y planes de equilibrio”.

En su intervención ante el Pleno, ha justificado que la senda de estabilidad presupuestaria refrendada por las Cortes antes de la pandemia “ha devenido inaplicable por el impacto económico” de la crisis desencadenada, por lo que la suspensión supone “aplazar el cumplimiento de los objetivos hasta que las condiciones económicas lo permitan”.

Montero ha defendido este martes ante el Pleno del Congreso la necesidad de suspender las normas fiscales por circunstancias extraordinarias, recordando que el Congreso ya reconoció esta situación al aprobar en sucesivas ocasiones el estado de alarma decretado por el Gobierno por la pandemia de Covid-19.

Es más, ha llegado a señalar que, según esta apreciación, no sería necesario someter a votación esta suspensión, para la que el Gobierno necesita mayoría absoluta. Montero ha reivindicado que el voto no implica respaldar la política económica del Ejecutivo, por lo que ha pedido el voto por encima de intereses “partidistas”.

La titular de Hacienda ha justificado que no suspendió las reglas fiscales hasta confirmarse que la Comisión alargaría la cláusula de salvaguarda también el próximo año, pero ha dejado claro que “haberlo hecho antes no hubiera cambiado nada” pues, ha subrayado, el Gobierno “ha priorizado siempre el combate contra la pandemia, facilitando recursos como nunca antes”.

La suspensión de la regla de gasto permite además al Gobierno elevar un 54% el techo de gasto para el los próximos Presupuestos si bien, ha matizado la ministra de Hacienda, este es un 7,2% por encima de lo previsto en 2020 si no se cuentan las transferencias a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas, y los fondos europeos que espera recibir el Gobierno como parte del plan de choque de la Unión Europea contra la crisis.

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