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Junts admite que los indultos no son ajenos a la negociación de Presupuestos

La portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borrás, ha admitido que el inicio del trámite de los indultos a los condenados por el procés no pueden desvincularse de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, pero ha insistido en que su partido quiere antes ver el proyecto.

Borrás ha respondido así, en el patio del Congreso, al ser preguntada por los periodistas si influirá en la negociación de las cuentas públicas el anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de que la próxima semana se iniciarán los trámites de los indultos a los condenados por sedición por el referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017.

Ésta es la “bomba” –como ella ha definido– que le ha soltado este miércoles en el Pleno del Congreso el titular de Justicia y que ha cogido por “sorpresa” a la propia portavoz de Junts. Tanto es así que ha dicho que tratará de obtener más detalles en el Ministerio porque desconoce si lo que se va a tramitar es la totalidad o sólo alguno de los indultos a los presos del procés.

En todo caso, la independentista catalana se ha mostrado escéptica sobre cómo se concreta este anuncio de Campo porque, según ha remarcado, comenzar a tramitar indultos “no significa concederlos”.

Pese a la “buena noticia” que sería que los líderes del procés salieran “de donde no deben estar”, Borràs ha recalcado que la eventual tramitación de esta medida de gracia sería un proceso “largo” en el que habría que esperar a conocer, entre otros, la opinión que emita el Tribunal Supremo.

“2.850 REPRESALIADOS”

Con todo, ha recalcado que el indulto es “una posible solución individual” pero no la solución a un problema “político” que tiene en su ‘haber’ ya un total de “2.850 represaliados” por parte del Estado español desde el 1-O.

Así las cosas, Borràs ha llamado una vez más al Gobierno a que comenzar a abandonar la “judicialización” de la política y, entre otras medidas, ha insistido en la conveniencia de “derogar”, no reformar, el delito de sedición en el Código Penal o promover una Ley de Amnistía como posible soluciones políticas al “conflicto” catalán.

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