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Inverco y Unespa, contra el recorte fiscal a planes de pensiones que afectará a 8,5 millones de españoles

La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, Inverco, y la Asociación Empresarial del Seguro, Unespa, han mostrado su rechazo a la reducción “sustancial” de los límites de aportación que pretende aplicar el Gobierno a los sistemas de previsión social, recogidos en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que afectará a cerca de 8,5 millones de españoles.

El Gobierno ha incorporado al proyecto de Presupuestos de 2021 un recorte de hasta 2.000 euros de la aportación máxima de los planes de pensiones individuales con derecho a deducción en el IRPF, desde los 8.000 euros actuales, mientras que en el caso de las planes de empresas se eleva la aportación máxima de 8.000 a 10.000 euros. Con esta medida, el Ejecutivo prevé ahorrarse 580 millones de euros en 2022.

Según los cálculos de estas asociaciones, hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados con carácter directo e inmediato por la medida.

“No va a conseguir los efectos deseados. En cambio, las medidas contempladas sí van a perjudicar el desarrollo de la previsión social complementaria en España, con el consiguiente perjuicio para el conjunto de la sociedad y la economía nacional”, han señalado ambas asociaciones en un comunicado conjunto.

Las asociaciones han justificado su disconformidad con esta decisión del Gobierno por la propia estructura del mercado laboral español, la irregularidad de los ingresos derivados del trabajo, la complementariedad de los sistemas de empleo e individuales, la experiencia internacional y la inexistencia de un coste fiscal real del esquema tributario de la previsión social.

En concreto, Inverco y Unespa han señalado que el establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que tendrían un límite notoriamente inferior es “discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española”.

Esto se justifica por el gran número de trabajadores autónomos y empresarios individuales que hay en España, con unos 3,3 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, y porque la mayor parte de los trabajadores por cuenta ajena trabaja en pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente.

Para las asociaciones, se debe posibilitar a toda esta población ocupada que queda fuera de la previsión social empresarial que pueda acceder a sistemas de previsión individuales “en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador”.

“CARECE DE SENTIDO EN SITUACIONES DE CRISIS COMO LA ACTUAL”

En cuanto a la irregularidad de los ingresos derivados del trabajo, señalan que la limitación anual de aportaciones a sistemas de previsión social “carece de sentido en situaciones de crisis como la actual” en la que muchos trabajadores han visto reducidos significativamente sus ingresos por estar en un ERTE o por un cierre temporal de su negocio.

“Los límites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral”, afirman las asociaciones.

SE PIERDE FLEXIBILIDAD

Ambas han recordado que los sistemas individuales hacen posible elegir el perfil de inversión y adecuarlo al ciclo vital de cada ahorrador, una flexibilidad que no está presente en los planes de empresa.

También han destacado que los planes individuales permiten la libre movilización por parte del titular del ahorro acumulado, lo que da la posibilidad de escoger a los gestores que se consideran más eficientes en cada momento.

CONTRAVIENE LA TENDENCIA INTERNACIONAL

Por otro lado, Inverco y Unespa han señalado que la “reducción drástica de la fiscalidad de los sistemas individuales en España contravendría la clara tendencia internacional y europea de estimularlos”.

En este sentido, han recordado que prácticamente todos los países de la Unión Europea existen estímulos fiscales al ahorro y se conceden incentivos fiscales para la promoción y desarrollo de sistemas de previsión social, tanto empresariales (segundo pilar) como individuales (tercer pilar).

“MERO DIFERIMIENTO EN LA TRIBUTACIÓN”

Desde el punto de vista de la Hacienda Pública, las asociaciones han recordado que la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone “un mero diferimiento” de la tributación, es decir, que su tratamiento fiscal no genera beneficios.

La reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones.

A su vez, la “pequeña ventaja” de la diferencia de tipos marginales de tributación entre las fases de aportación y prestación, que se pueda dar en algunos contribuyentes, queda anulada por el tratamiento como rendimientos del trabajo –y no como rendimientos del ahorro– de la rentabilidad generada en estos sistemas de previsión social.

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