La ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha dado este martes un perfil bajo a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular parte del Plan de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, afirmando que el Ejecutivo «no se pronuncia sobre actuaciones judiciales» y que el hecho de que el TC limite la acción exterior de cualquier comunidad entra dentro de la normalidad.
El Plan fue impugnado por el anterior Ejecutivo de Pedro Sánchez hace un año por entender que excedía el ámbito de actuación de la Generalitat» en el exterior, menoscababa competencias del Estado en materia de relaciones internacionales y vulneraba el principio de lealtad constitucional en el ejercicio de las competencias propias.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha dicho que el hecho de que el TC considere inconstitucional parte de una norma «hay que interpretarlo dentro de la normalidad» y que «no solo en Cataluña sino en otras comunidades» puede ocurrir «para limitar algo tan importante como la acción exterior de las comunidades autónomas».
Las relaciones exteriores, ha recordado, son una competencia del Gobierno central y las comunidades autónomas tienen un papel que jugar, «pero en ningún caso puede ser sustitutivo» del que tiene el Gobierno y debe hacerse bajo sus «directrices».
Gobierno y Generalitat ya dieron muestras de querer rebajar la tensión en el ámbito de la acción exterior el pasado enero, cuando Exteriores dio su visto bueno a la creación de nuevas oficinas de la Generalitat en el exterior después de que el Gobierno catalán renunciara a incluir entre sus fines las «relaciones bilaterales» con los países de destino.
