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Opinión |’Buenas noticias para PAS. Malas, para Pedro Antonio’, por Alberto Huertas

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Que Pedro Antonio Sánchez haya sido absuelto es motivo de alivio para el que fuera presidente de la Comunidad, durante el inicio de la presente legislatura. Supone dejar atrás el enorme peso de una de las tres losas que pesan sobre él, a nivel judicial, desde hace un largo tiempo. Pero, en el fondo, no es –ni siquiera para él- una buena noticia.

Sobre el expresidente del PP regional y del Ejecutivo murciano, siempre quedará la duda de si sus actuaciones, derivadas del ‘caso Pasarelas’, que le mantenía investigado, fueron o no ilícitas. Sobre su figura política y personal, por más que desde el Partido Popular se empleen hoy en las redes con énfasis triunfante en publicitar su “inocencia”, arrastrará el lastre de no haberse esclarecido si actuó de forma legal o de modo política, moral y judicialmente reprochable.

Ser absuelto, no por su inocencia ni por falta de pruebas sino, por los plazos de una ley, aquella que se reformó a través del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la Mesa del Congreso, y que limitó los plazos para investigar judicialmente una causa a seis meses, ampliables a 18 (prorrogables hasta 36) si antes de que venciera ese plazo el instructor lo decidía a petición del fiscal, le aparta del foco judicial pero no del de la duda.

Un defecto de forma del fiscal, que no presentó en plazo la solicitud de que la causa fuera declarada compleja y con ello se ampliara el plazo de instrucción, ha llevado a un callejón sin salida a un proceso que, aunque será recurrido por la Fiscalía, tiene pocos visos de continuar su periplo judicial.

Pero ésta, tampoco es una buena noticia para el sistema judicial que a todos nos ampara y que, especialmente, se encarga de asumir, investigar e intentar resolver las dudas existentes frente a los, especialmente “complejos”, casos de presunta corrupción.

Frente a sumarios amplísimos, y ramificaciones que parecen no tener fin, no puede más que solicitarse mayores facilidades a una administración judicial carente de medios. La ley de plazos, frente a una justicia especialmente lenta ante la falta de recursos, puede acabar por no cumplir su función de depurar responsabilidades para convertirse en una herramienta incapaz de ejercer sus funciones. Algo que no sólo debe preocupar a los ciudadanos, sino a aquellos que, viéndose durante meses bajo la sombra de la duda, no puedan restituir su honor frente a una absolución que les acabe condenando social y moralmente de por vida.