El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno, a propuesta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, al Decreto por el que se regula la estructura, composición y funcionamiento del Observatorio regional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, una de las medidas contempladas en la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de Igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Región de Murcia.
El Observatorio de Igualdad LGTBI tiene por objeto configurar un órgano con participación social e institucional en el que queden representadas las entidades de los colectivos LGTBI de la Región, que sirva como foro de estudio, consulta y diálogo permanente para detectar las necesidades emergentes y elaborar propuestas que sirvan para trabajar en defensa de la igualdad y los derechos de estas personas.
Trata asimismo de mejorar la atención y el acompañamiento en diferentes procesos relacionados con temas que afectan a este colectivo, así como de conseguir que la sociedad murciana sea más abierta y tolerante y no deje paso a ningún tipo de discriminación por cuestión de identidad de género u orientación sexual.
Entre sus funciones iniciales estará la promoción de la realización de informes, publicaciones o jornadas que muestren la realidad del colectivo en la Región de Murcia para garantizar sus derechos en materia de políticas públicas; presentar propuestas que promuevan la transversalidad del enfoque de los derechos de estas personas; evaluar la aplicación del principio de igualdad entre las administraciones públicas; proponer y organizar actividades de sensibilización para la erradicación de la violencia que padecen algunas personas, en el ámbito educativo; además de promover la formación del personal de distintas áreas sociales y la elaboración de un informe anual que refleje el grado de cumplimiento de la Ley 8/2016 que ampara a la Región.
El Pleno y la Comisión Permanente del Observatorio, que se reunirán una vez al semestre y en dos sesiones ordinarias al año respectivamente, serán los encargados de estas evaluaciones. Su composición contará con una amplia representación, entre otros, de las consejerías de la administración regional; entidades de discapacidad, familia, educación, juventud; agentes sociales como la Federación de Municipios, sindicatos, empresarios, Tribunal Superior de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y medios de comunicación.
Esta diversidad constituye un aspecto fundamental para la comprensión e identificación de políticas orientadas a la mejora de la inclusión de este grupo social y, sobre todo, un papel transformador que corresponde a todos los agentes involucrados.
El plazo de presentación de candidaturas de entidades ciudadanas y LGTBI para formar parte del Observatorio será de 20 días desde la entrada en vigor del decreto, y será la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género quien examine las solicitudes.
