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La Junta refuerza la enseñanza concertada andaluza con más de 1.300 docentes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido este martes la firma del acuerdo entre la Consejería de Educación y Deporte y organizaciones patronales, titulares y sindicatos para reforzar las plantillas docentes de los centros educativos concertados en más de 300 nuevos profesores para el curso 2020/21, a sumar a los 970 ya incorporados por el acuerdo del mes de agosto pasado.

En la firma del acuerdo han participado el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda: Carlos Ruiz, por Escuelas Católicas; Rafael Caamaño, por CECE; José Luis Hervás por ACES y Enrique Gómez por SAFA; por las organizaciones sindicales, Silvia Santos, de FSIE; María de la Paz Agujetas, de USO; Sandra Fernández, de UGT; y Gloria Molina, de CCOO.

En el acto, que se ha desarrollado en el Palacio de San Telmo de Sevilla, también han estado presentes el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

Durante su intervención, según se indica en una nota de prensa, el consejero ha subrayado que se trata de un “acuerdo unánime” con el sector de la enseñanza concertada que tiene como objetivo principal hacer frente a un curso excepcional como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Este acuerdo se suma al alcanzado a finales de agosto que permitió la contratación de otros 970 docentes en la red concertada, alcanzado la cifra total de más de 1.300 efectivos. Para ello, la Consejería de Educación y Deporte destina casi 50 millones de euros para dar cobertura a este incremento de profesorado.

En concreto, los docentes adicionales se distribuirán en centros que imparten las enseñanzas obligatorias (Primaria y Secundaria) que por su configuración no contaron con refuerzo al amparo del pasado acuerdo de 31 de agosto, así como en los centros de mayor tamaño. También recibirán refuerzo los centros específicos de Infantil, Bachillerato, Formación Profesional o Educación Especial. Asimismo, también se dotarán docentes para atender las horas de coordinación Covid en los centros concertados.

Esta medida, ha recordado Javier Imbroda, se incluye en el Plan de Acción de Educación para el curso 2020/21, con una inversión de más de 600 millones de euros, y que contempla un refuerzo de las plantillas docentes entre la red pública y la concertada de más de 8.300 profesores y más de 10.000 profesionales, y que se marca como objetivo prioritario hacer de los centros educativos entornos seguros frente al Covid-19 siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

MEJORAS EN LA ENSEÑANZA CONCERTADA

Por otro lado, el consejero ha explicado que su departamento ha alcanzado acuerdos con la enseñanza concertada que han dado respuestas a demandas históricas del sector. Así, desde el año 2019 los docentes que desarrollan su labor en centros concertados pueden acogerse a la jubilación parcial anticipada, es decir, que el profesorado mayor de 61 años puede reducir su jornada a la mitad sin pérdida de retribuciones. Además, el consejero también se ha referido al pago delegado para dar respuesta a situaciones como la lactancia. Estos acuerdos, ha destacado Imbroda, “son el resultado del diálogo y la participación con las organizaciones patronales y sindicales de la red concertada”.

Ha recordado en este punto que “esta Consejería y este Gobierno ha llegado a acuerdos tanto en la mesa sectorial pública como con la mesa de la concertada” y les ha agradecido el trabajo y el esfuerzo, como también a las patronales del sector.

“Esta Consejería y este Gobierno trabajan permanentemente con el objetivo de mejorar la calidad del sistema educativo en su conjunto, es decir, tanto en la red pública como en la red concertada, porque todos son nuestros alumnos y en todos ellos está centrada nuestra preocupación, sea cual sea el modelo de enseñanza que elijan las familias. La combinación de la red pública y la red concertada ha demostrado utilidad y eficacia para cumplir con el objetivo prioritario: que los recursos públicos lleguen a todos”.

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