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Docentes de Cantabria vuelven a pedir el cese de la consejera y mantienen las movilizaciones

La mayoría de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, TU, CCOO y UGT) ha vuelto a exigir la dimisión o cese inmediato de la consejera de Educación, Marina Lombó (PRC), después de que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) anulara la decisión del Gobierno de suspender la semana no lectiva del 2 al 6 de noviembre, y ha anunciado que continuará con las movilizaciones previstas en el sector educativo.

Los sindicatos han reiterado hoy que Lombó “no puede seguir ni un minuto más” al frente de este departamento por el “caos que está provocando” en el sistema educativo regional, por lo que han exigido su dimisión o, en su defecto, su “cese fulminante” por el presidente, Miguel Ángel Revilla, “que fue el que la nombró”, ya que si decide no hacerlo será “corresponsable” de la situación.

Así se ha pronunciado la mayoría de Junta de Personal -todos los sindicatos integrantes excepto CSIF- en una rueda de prensa en la que han subrayado que, a pesar de la anulación de la suspensión del periodo lectivo, mantienen las movilizaciones que comenzaron la semana pasada y que incluyen una concentración este viernes y una huelga educativa el miércoles 11, porque estas protestas “tienen que ver directamente con la falta de respeto, las imposiciones, la falta de diálogo y las manipulaciones de la consejera Lombó”.

Han explicado que la supresión de la semana no lectiva de noviembre que anunció la Consejería el miércoles “sin ningún tipo, no ya de acuerdo, sino también de negociación”, ha desencadenado un conflicto que, a juicio de la Junta de Personal, “va mucho más allá” del problema concreto del calendario.

“Lo que ha ocurrido la semana pasada es la culminación de toda una política de imposiciones y falta absoluta de diálogo por parte de la consejera Lombó que se viene manteniendo en toda su gestión desde que comenzó la pandemia”, han censurado los citados sindicatos.

En este sentido, han señalado que la modificación del calendario “por imposición, de manera precipitada y sin justificación” ha sido “la gota que ha colmando el vaso y la chispa que ha hecho estallar un conflicto” por una serie de asuntos que se vienen arrastrando desde hace meses.

“La tarde de ayer no hizo más que darnos la razón cuando la justicia decidió suspender cautelarmente la modificación del calendario”, han valorado los sindicatos, que han señalado que, como ellos, el TSJC entiende que la Consejería “ha sido incapaz de acreditar el interés general de la salud pública”.

Por todos estos motivos, la Junta de Personal ha decidido continuar con las movilizaciones que comenzaron la semana pasada en base a cinco exigencias.

En concreto, exige que se cumplan todas las recomendaciones hechas por los ministerios de Sanidad y Educación para convertir los centros educativos en lugares “más seguros aún”, en especial en lo que se refiere a la contratación de profesorado para que se respete la distancia de seguridad interpersonal y disminuyan las ratios.

En un sentido parecido va la segunda demanda, de contratar todo el profesorado necesario para que, como consecuencia de la pandemia y de las medidas de seguridad que lleva emparejadas, no disminuya la calidad del sistema educativo público “sino todo lo contrario”.

Además, la Junta de Personal exige que la Consejería ponga todos los medios para el cumplimiento íntegro de los planes de contingencia de los centros.

Para la Junta es fundamental que todos los recursos se empleen en la red pública de centros, por lo que exige que todo el dinero que ha recibido Cantabria (21 millones de euros) del Estado en forma de fondos no reembolsables (Fondo COVID) se emplee en su totalidad en la red de centros públicos.

Finalmente, exige una negociación laboral del teletrabajo antes de que se pongan en funcionamiento los escenarios 2 y 3 (semipresencial y no presencial, respectivamente).

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