Castilla y León destacó que el acuerdo educativo se adapta a las medidas comunitarias

Castilla y León ha destacado que el acuerdo alcanzado entre Gobierno y comunidades autónomas para fijar los protocolos que permitan el inicio seguro del curso escolar «se adapta a la perfección» a las medidas adoptadas previamente por la región.

Así lo ha destacado la consejera de Educación, Rocío Lucas, quien ha comparecido junto a la de Sanidad, Verónica Casado, tras la reunión interterritorial celebrada este jueves.

Lucas se ha felicitado por que en este encuentro se haya «vuelto a manifestar la importancia de la presencialidad en todos los niveles y etapas educativas» y ha insistido en que los detalles anunciados el miércoles por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «encajan» en el documento acordado a nivel nacional y al que se ha sumado «la mayor parte de las comunidad autónomas».

No obstante, el protocolo establece que finalmente se aislarán en el ámbito educativo sólo los contactos estrechos de aquellos que presenten PCR positiva y no de todos los casos sospechosos, como avanzó Fernández Mañueco, un cambio que Castilla y León ha aceptado «en aras de la coordinación» con el resto de autonomías, según ha aclarado Verónica Casado, quien ha puntualizado que esto «se adaptará» en caso de que la situación requiera ser «más estrictos».

En cuanto a la posibilidad de que se tome la temperatura de los alumnos y profesores a la entrada al centro o bien que los padres presenten una declaración responsable sobre la ausencia de síntomas de sus hijos, Casado ha abogado por esta segunda vía, algo en lo que coinciden, según ha precisado Rocío Lucas, la mayor parte de las regiones.

En este sentido, la consejera de Sanidad ha advertido de las «consecuencias legales» de «mentir» en una declaración responsable, más si ello conlleva «un impacto de salud», lo cual sería «muy sancionable». Así, ha abogado por «ser prudentes» y «no llevar al menor a clase» si ese día presenta «mocos, fiebre y estornudos».

IMPACTO NEGATIVO

Verónica Casado ha recordado que organismos como Unicef, Unesco, ONU y OMS han advertido del «impacto negativo» que tendría el cierre de los centros para las «oportunidades de crecimiento y desarrollo educativo», por lo que ha reiterado la apuesta de la Junta por la educación presencial.

Al hilo de esto, ha apuntado que los niños y adolescentes presentan una «menor probabilidad» de sufrir complicaciones en la enfermedad, con la mayor parte de los casos de contagiados asintomáticos o con cuadro de infección «leve».

También ha recalado que «no hay evidencias suficientes» del papel de los niños en la transmisión de la enfermedad e incluso «algunos estudios apuntan a un grado de infectividad más bajo». Por otro lado, se ha referido a la recomendación inicial del Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas que defiende otras intervenciones por encima del cierre de colegios y universidades.

En cuanto a la forma de actuar en caso de que haya padres que se nieguen a llevar a sus hijos a clase, la consejera de Educación ha explicado que en la reunión de este jueves se ha pedido una «actuación coordinada» al Ministerio de Educación, el cual ha remitido una consulta a la Abogacía del Estado.

Por lo que se refiere a los grupos de Bachillerato que deberán pasar al grupo de tarde por la imposibilidad de desdoblarse en el mismo turno que sus compañeros, como apuntó el presidente de la Junta, Rocío Lucas ha indicado que finalmente serán «menos de los que se pensaba», una vez se han encontrado nuevos espacios en los propios institutos que cumplen con las medidas de seguridad fijadas, por lo que no serán más de «dos o tres casos concretos».

Lucas también ha defendido la dotación de recursos digitales para que el mismo profesor pueda desde el aula donde imparte la lección presencial, dirigirse también al alumno que por sus circunstancias particulares deba seguirla de forma telemática, a fin de que «no se desvincule de su grupo».

NORMALIZACIÓN

Por su parte, Verónica Casado ha subrayado que la «normalización» en una situación que continúa siendo de «emergencia sanitaria» es «absolutamente clave» y «si se aplican medidas adecuadas de prevención e higiene», las escuelas «no son un foco de propagación mayor que el entorno laboral o el de ocio».

Por ello, ha defendido la «importancia» de reiniciar la actividad educativa con una serie de medidas de higiene y promoción de la salud con los «máximos niveles de seguridad» desde el conocimiento de que «el riesgo cero no existe».

Además, ha aludido a la experiencia de otros países donde ya se han incorporado los alumnos a las clases para afirmar que «puede haber aparición de casos y algunos brotes», pero la gestión «adecuada» de los mismos «minimiza su impacto», por lo que ha enfatizado la existencia de un «procedimiento común».

La consejera de Sanidad ha alabado que la guía acordada entre Gobierno y comunidades sea «dinámica» para irse «adaptando» y que defina lo que se considera caso sospechoso y contacto estrecho, así como la actuación ante la aparición de brotes en el aula.

En caso de que el alumno viva en un municipio confinado por la situación epidemiológica del mismo, pero que acuda a clase en un centro de otro municipio, podría hacerlo de la misma forma que la salida para acudir al puesto de trabajo era uno de los supuestos autorizados.

Por otro lado, Verónica Casado ha recordado a los padres que el procedimiento cuando su hijo esté enfermo es contactar con el pediatra de su centro de salud y posteriormente notificarlo al colegio, el cual se encargará de movilizar a los equipos COVID Colegios, los cuales estarán repartidos por las nueve provincias para garantizar la realización de las pruebas PCR en las primeras 36 horas desde la aparición de los síntomas.