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VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)

Un total de cinco empresas han mostrado su interés por hacerse con la gestión del Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA), que sale a concurso en un paquete conjunto con el Ágora, las tiendas y al restauración del complejo del ocio.

Así lo ha asegurado el conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, que ha puntado que alguna de estas entidades “alguna puede estar dudando” pero, en todo caso, eso se sabrá “cuando se cierre el plazo de admisión de pliegos”.

Buch –que ha realizado estas manifestaciones en el acto de inauguración de Servef Espacio Empresas a preguntas de los medios– ha recordado que el oceanográfico “está dentro de un proceso de licitación con el Ágora, más la gestión de las tiendas y la restauración y que a comienzos del año que viene, entre marzo y abril, tendremos un nuevo gestor”.

El conseller ha comentado que “se ha hecho alguna crítica sobre que es un concurso exigente”. “Pero es que nosotros somos exigentes –ha justificado–, queremos la máxima calidad y la máxima rentabilidad para los ciudadanos y después de la experiencia que ha habido durante los últimos años y de cómo ha funcionado el Oceanogràfic es lógico que planteemos un concurso para dar un paso más adelante, tanto en calidad de prestación de servicios como en espectáculos y atracción de turistas como en rentabilidad de la Generalitat”.

RECLAMACIÓN POR IMPAGO

Preguntado sobre un posible “cruce de demandas” entre la administración valenciana y Parques Reunidos, la actual gestora del Oceanogràfic, Buch ha precisado que lo que está pidiendo esa empresa es que se le pague lo que se le debe. “Anteriormente, se compensaba la deuda con lo que tenían que pagarle a CACSA pero desde junio o julio ya no se lo plantean así, desconocemos el motivo, y han presentado una reclamación”.

El titular de Turismo ha agregado que recientemente se produjo una reunión entre técnicos de su departamento y abogados de al Generalitat en la que se decidió intentar “llegar a una solución dialogada” y, de no ser posible, la administración recurriría también a la vía judicial.