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Comité de empresa del Gobierno de Cantabria urge medidas para “erradicar” un brote COVID-19

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria ha exigido a las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales “medidas urgentes” y mayores restricciones para “erradicar” un brote COVID-19 en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Santander, ubicado en Cueto, y que hasta afora suma 35 afectados, 19 usuarios y 16 trabajadores.

Según han detallado fuentes del órgano sindical, 4 de los residentes contagiados han sido hospitalizados y los 15 restantes han sido trasladados a la residencia COVID-19 de Suances. Por su parte, y en principio, no ha requerido ser ingresado ninguno de los empleados, entre los que se siguen haciendo PCR.

Desde el comité se han mostrado “muy preocupados” por la “escalada” del virus en este centro, donde se ha “desmadrado” la incidencia de la pandemia en esta segunda ola después de haber sido “modelo” en la primera, han recordado a esta agencia.

En un comunicado remitido a los medios, el comité de empresa del Ejecutivo autonómico ha informado que este miércoles ha dirigido a los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales, Miguel Rodríguez y Ana Belén Álvarez, sendos escritos exigiendo la adopción de medidas urgentes para evitar la propagación del Covid-19 en el CAD.

Se trata de un centro público residencial 24 horas donde se atienden mayores en situación de dependencia y que depende del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, el ICASS, en el que prestan servicio alrededor de 200 trabajadores.

A propósito de este brote, el comité ha pedido adopción de medidas a la dirección del ICASS. Pero, “a la vista de los resultados, no están consiguiendo que se frene la trasmisión de este virus en el centro de trabajo, donde se está viendo comprometida seriamente la salud de todos (con 16 trabajadores confirmados y alrededor de una veintena de usuarios) a la espera de resultados que se van produciendo y que aún nos restan por conocer”, manifiestan desde el comité, para justificar que se hayan dirigido a los consejeros.

Entre otras cosas, piden que se activen los planes de contingencia de estos centros, previsto en una resolución dictada en agosto por Empleo y Políticas Sociales, así como la realización de cribados de detección masiva a todo el personal de estos centros. Y creen además que “no debe incorporarse ningún trabajador al centro sin una PCR que confirme su estado de salud”.

También solicitan medidas cautelares dirigidas al control de los posibles contactos de riesgo de los residentes en sus contactos familiares, recomendando la suspensión de visitas y las salidas de los residentes.

Finalmente, piden una reunión “a la mayor brevedad posible” con el consejero de Sanidad y advierten que, de no obtener respuesta, el comité “seguirá realizando actuaciones en aras a preservar la salud de los trabajadores”.

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