En los otros tres quedan vecinos por salir, algunos de los cuales sencillamente se niegan a desalojar y van a tener que ser requeridos por la vía judicial
«Hay personas que se han quedado en sus casas por consejo de su abogado a pesar de tener una orden de desalojo por motivos de seguridad»
Los trabajos en los diez bloques de la primera fase de la actuación singular de Las Chumberas continúan a buen ritmo, de modo que cinco de ellos (4,5,12,33 y 42) ya han sido desalojados y tapiados totalmente; y otros dos más (2 y 16) lo será definitivamente a lo largo de la semana que viene.
En los bloques 1, 3 y 8 aún quedan vecinos por salir, que pidieron tiempo hasta después de las fiestas navideñas para realizar la mudanza; pero también algunos otros que sencillamente se niegan a desalojar y van a tener que ser requeridos por la vía judicial.
Paralelamente, en otros 17 bloques de las siguientes fases, se están ejecutando las medidas de seguridad y los apuntalamientos ordenados por la Gerencia de Urbanismo como fruto del estudio de la empresa especializada INTEMAC.
Por su parte, los trabajadores del Área Social de Muvisa están a punto de terminar el trabajo de campo del resto de las fases previstas: recabando datos, escrituras, y autorizaciones para acceder al Registro, Catastro, Padrón, etc. de cara a completar los expedientes.
El consejero delegado de Muvisa, Juan Ignacio Viciana, recuerda que el plazo de ejecución previsto para los desalojos, tapiados y apuntalamientos era de seis meses (hasta abril), pero confía en que antes de esa fecha ya se hayan desalojado y tapiado los diez bloques correspondientes a la primera fase de la actuación.
«Entre quienes se niegan a abandonar la vivienda hay algunas personas que están demandando realojamientos a los que no tienen derecho, otras que exigen que se les certifiquen cuestiones imposibles de certificar y otras que sencillamente se niegan a salir por consejo de su abogado a pesar de tener una orden de desalojo por motivos de seguridad», explicó.
Viciana confía también en que «acaben entrando en razón y no sea necesario ejecutar las órdenes judiciales», sobre todo porque «se trata de un número verdaderamente reducido de personas, que está bloqueando toda la actuación, y que según el convenio no tiene derecho a lo que está demandando».
