Compartir

El Grupo Parlamentario defiende “ofrecer en alquiler las 138.262 viviendas vacías que existen y las que hasta ahora estaban destinadas al alquiler vacacional y que durante un tiempo van a estar desocupadas”.

 Manuel Marrero valora que “desde el Estado, entre las primeras medidas adoptadas, estuvieran la de la moratoria en el pago de las hipotecas o la de las ayudas al alquiler”.

 

 El Grupo Parlamentario Si Podemos Canarias considera que el Gobierno autonómico debe “enfrentar el problema de la vivienda en las Islas como un derecho”, por lo que “habrá que invertir en ayudas a las viviendas de protección oficial, muchas en estado de absoluto deterioro”.

Por ello, el portavoz parlamentario, Manuel Marrero, aconseja “no construir vivienda nueva sino aprovechar para ofrecer en alquiler las 138.262 viviendas vacías que, según el Istac, existen en Canarias, así como también muchas de las miles que hasta ahora estaban destinadas al alquiler vacacional y que durante un tiempo más o menos largo van a estar desocupadas”.

“Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que el pez grande se coma al chico, pues la vivienda turística se nos vendió como la supuesta democratización de la renta turística. Y no era cierto”, afirma Marrero.

Para Sí Podemos Canarias, “con la excusa de salvar los muebles y activar las economías urbanas, podrían darse ahora otra vez facilidades para legalizar aún más alojamientos, y hay que evitarlo”, pues en opinión de Marrero “muchas familias y pequeños propietarios se pueden ahora ver barridos, de modo que ocurra lo mismo que con el sector hotelero de los 70, que se vea desplazado por gestores especializados y fondos de inversión”.

Marrero recuerda que “casi con la tinta fresca de la firma del acuerdo político y social para una vivienda digna en Canarias, nos ha llegado el zarpazo del coronavirus”, por lo que ha puesto en valor que “desde el Estado, entre las primeras medidas adoptadas estuvieran la de la moratoria en el pago de las hipotecas o la de las ayudas al alquiler”.

En este sentido, también ha apoyado que el Gobierno de Canarias llevara a cabo un Decreto Ley de Medidas Sociales en el que, junto a la Ingreso Canario de Emergencia (ICE), se recogieron una serie de propuestas referidas a la vivienda, “como exenciones de pago del alquiler en viviendas sociales o el complemento de los fondos de contingencia enviados desde el Gobierno estatal”.

“Las políticas públicas deben atender en primer lugar a las personas, y eso han hecho los gobiernos de España y de Canarias pensando en una tierra en la que hay más de 770.000 personas en riesgo de pobreza, con una tasa de pobreza once veces superior a la media del Estado, un 18,8% de paro, 105.000 hogares en situación de insalubridad, 19.000 familias en situaciones de hacinamiento, 46.500 familias en condiciones de inseguridad en la vivienda y 195.000 personas que subsisten con menos de 370 euros al mes, con 40.000 familias sin ingreso alguno”, concluye