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La diputada nacionalista lamenta “que no se dé respuesta a preguntas
concretas y se ignore las cuestiones que se trasladan desde las Islas”

“Cuando no se responde y no se da un dato, una fecha o una cifra solo
queda suponer que Canarias no es ni una prioridad ni una preocupación
para el Estado”

La diputada de CC-PNC reclama los 100 millones de políticas activas de
empleo, el PEIC y los fondos de pobreza

 

La diputada de CC-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas,
lamentó hoy la falta de respuestas del vicepresidente y ministro de
Derechos Sociales, Pablo Iglesias, a las preguntas y demandas que le
trasladó sobre el cumplimiento de la ley de Dependencia, el plan para la
pobreza en Canarias y la pérdida de fondos para políticas activas de
empleo. “La falta de respuestas concretas”, señaló la diputada canaria,
“nos lleva a pensar que no hay intención del Gobierno central de cumplir
con las islas”.

La diputada reclamó a Iglesias el cumplimiento de la Ley de Dependencia;
una Ley que el propio ministro defiende que debe ser cumplida “cuando es
el propio Estado en el que no la cumple al no asumir su responsabilidad
de financiar el 50% de los servicios tal y como fija la norma”. “En
estos momentos, señor Iglesias”, continuó Oramas, “el Estado solo
financia el 23% de la Ley de Dependencia y le pregunto directamente
cuándo va usted a cumplir con una Ley del que es el máximo responsable”.
Una pregunta que no obtuvo respuesta concreta del ministro “que ha
venido hoy aquí a hablar de lo que deben hacer otros ministerios sin dar
explicación o avance alguno de lo que debe hacer el suyo”, apuntó.

La diputada lamentó la falta de respuestas del ministro “a preguntas
concretas” sobre Canarias “y los ingresos que le deben llegar desde
Canarias tanto para pobreza como para empleo”. “Es una falta de
respeto”, señaló Oramas al término de la Comisión, “que no se haya dado
un solo dato, una cifra una fecha a preguntas concretas sobre los planes
del Gobierno para transferir a Canarias en dinero que se le adeuda para
pobreza y políticas de empleo”. “Si no hay respuestas, la conclusión a
la que llegamos es que Canarias no está en sus planes, en sus
preocupaciones o en sus prioridades”.

En este sentido, la diputada recordó a Iglesias que el Estado adeuda 30
millones de euros para pobreza; unas partidas que son un derecho de
Canarias recogido tanto en Régimen Económico y Fiscal como en su
Estatuto de Autonomía ya que, de 2019 solo se transfirieron 12 de los 30
millones previstos y este año solo han llegado 18. “En total, entre lo
no transferido el año pasado y lo que se ha dejado de transferir este
año, a Canarias se le deben 30 millones de euros en un momento”, recordó
Oramas, “clave para las islas que se enfrentan a un desplome de su
economía y a un incremento brutal de su índice de paro”.

Por ello, la diputada nacionalista también exigió y preguntó a Iglesias
por los más de 100 millones detraídos a Canarias para políticas activas
de empleo; unos fondos “que se destinaban a la inserción laboral de
colectivos vulnerables” y que ahora “son vitales para Canarias que”,
insistió, “se enfrenta a un gravísimo problema de desempleo que puede
alcanzar tasas del 50%”. Otra pregunta que quedó sin respuesta al igual
que lo que la diputada trasladó sobe los 42 millones del Plan Integral
de Empleo; vitales también para trabajar junto al tercer sector en la
formación en inserción laboral de personas con mayores problemas de
acceso al mercado laboral ya que, como declaró la diputada al término de
la Comisión, “la mejor forma de combatir la pobreza es garantizando el
acceso al mercado laboral; permitir que las personas puedan tomar las
riendas de su vida y salir adelante”.

Finalmente, y también sin respuesta, quedó la pregunta de la diputada
sobre la denuncia del Defensor del Pueblo, Acnur, Cáritas y Cruz Roja
sobre la situación en que se encuentran cientos de familias venezolanas
con niños que han visto paralizados sus expedientes de asilo.  “Le hablo
de un papel que les permite acceder a un puesto de trabajo o formalizar
un alquiler; un papel que para miles de familias venezolanas que viven
en Canarias supone la diferencia entre el hambre o poder vivir con
dignidad y esperanza”.