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La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, presentó junto al director territorial de la Inspección, Francisco Guindín, el programa previsto para 2018, que incluye la realización de 28.774 actuaciones, un 11% más con respecto a las programadas inicialmente en 2017, destinadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores canarios.

Cristina Valido destacó que “el objetivo de estas inspecciones es garantizar la calidad en el empleo en nuestras Islas”. “Es nuestro empeño -prosiguió- asegurar a la ciudadanía que su trabajo cumpla con las garantías suficientes que le permitan realizarlo dentro de los estándares de calidad que ampara la ley”.

Valido aclaró que las empresas que los inspectores visitan son seleccionadas previamente de acuerdo a diferentes parámetros que pueden indicar alguna irregularidad para alcanzar la mayor efectividad en la inspección que se realiza posteriormente. “El mayor porcentaje de irregularidades detectadas no quiere decir que hay más empresas irregulares sino que el trabajo previo, la selección previa se está haciendo mejor y estamos encontrando a las empresas que no están cumpliendo frente a las muchas que sí cumplen”, manifestó.

Según el balance de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, durante el pasado año se detectaron 6.112 infracciones que resultaron en la aplicación de sanciones por más de 18,4 millones de euros. Al finalizar el ejercicio del 2017, el número de actuaciones superó las programadas hasta alcanzar un total de 58.060 actuaciones.

La consejera puso el acento en cómo la labor de la Inspección está mejorando la estabilidad del empleo a través de la transformación de contratos irregulares. “Canarias por primera vez superó el año pasado los 100.000 contratos indefinidos y un 10% vienen generados por el trabajo de la Inspección, de la vigilancia de contratos irregulares que se han transformado”.

Cristina Valido, que se reunió previamente con representantes sindicales y empresariales para presentar estos resultados y las previsiones para 2018, recordó que “con la Inspección de Trabajo no solo se persigue vigilar la temporalidad de los contratos, el posible uso fraudulento de la contratación a tiempo parcial y la economía sumergida sino perseguir la calidad del empleo, no solo buena retribución y contratos adecuados si no también en prevención de riesgos laborales”.

Con respecto a las actuaciones previstas para 2018 por áreas, 6.339 actuaciones se destinarán a la prevención de riesgos laborales, 6.356 a empleo y relaciones laborales, 6.360 a la Seguridad Social y 8.596 a la economía irregular.

De manera más detallada y en materia de Prevención de Riesgos Laborales, se actuará en cuatro grandes áreas: condiciones de seguridad en el trabajo, gestión de la prevención, investigación de accidentes laborales e investigación de enfermedades profesionales.

Con respecto a Empleo y Relaciones Laborales, se incidirá en la contratación, las condiciones de trabajo, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y las ayudas de fomento del empleo ajenas a la Seguridad Social y acciones formativas.

En relación a la economía irregular y trabajo de extranjeros las inspecciones incidirán en tres grandes materias: faltas de alta en SS; trabajadores extranjeros sin autorización administrativa de residencia y trabajo y, por último, incompatibilidad del trabajo por cuenta propia o ajena, con la percepción de prestaciones de la SS: desempleo, incapacidad temporal, jubilación.

En lo que respecta al área de Seguridad Social, entre los asuntos acordados con diferentes organismos (TGSS, INSS, ISM y SPEE) se incluyen infracciones o supuestos de Seguridad Social en general, trabajo no declarado de forma incompleta o incorrecta (diferencias cotización, encuadramientos, entre otros) y trabajo no declarado en absoluto (faltas de alta y prestaciones) . Y trabajo no declarado de forma incompleta o incorrecta planificado por la ITSS al margen de los organismos (diferencias de cotización, derivaciones de responsabilidad, etc.).

En el encuentro con los agentes sociales y económicos participaron junto a Cristina Valido, el viceconsejero de Empleo, Emilio Atiénzar, el director general de Trabajo, José Miguel González, el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guindín, el responsable de Servicios Jurídicos de la Confederación Canaria de Empresarios, Jacobo Viera, el secretario general de CCOO, Inocencio González, y en representación de CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares y Eulalia García Silva.