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Fernando Cabrera, presidente de Canarios Sin Alas

Desde Canarios Sin Alas (CSA) celebramos que el Parlamento autonómico haya aprobado hoy por unanimidad instar al Gobierno central a dar los pasos necesarios para que los vuelos entre las islas y la Península Ibérica sean declarados de Obligado Servicio Público (OSP).

Como venimos reclamando desde hace tres años, mientras no se declaren rutas de OSP y sean las compañías aéreas las que establezcan arbitrariamente las tarifas, el principio de igualdad de oportunidades reflejado en nuestra Constitución se verá gravemente vulnerado. Conscientes de que estas compañías tienen libertad absoluta para establecer los precios de los billetes en virtud del atractivo turístico y de la oferta y la demanda, apelamos al Gobierno de España para que vele por el principio de igualdad de las ciudadanas y ciudadanos españoles, independientemente de de su lugar de origen y residencia.

En el mes de julio advertimos que el aumento al 75% del descuento a residentes era un peligroso cheque en blanco para las compañías aéreas y marítimas. Y, efectivamente, así ha sido. Especulando con un servicio público, las grandes compañías han redondeado aún más su negocio con el beneplácito del Estado y a costa del bolsillo de las y los consumidores españoles. Especialmente de quienes somos tratados sistemática e injustamente como turistas por ser canarios residentes en otras comunidades autónomas y no conservar el empadronamiento en las islas.

La regulación de un servicio público que conecta a todos los españoles -canarios o no- con las islas es urgente. Canarias es España, y mientras no se normalice la conectividad y la movilidad entre ambos territorios para todos los españoles, el archipiélago seguirá pareciendo a todos los efectos una colonia de ultramar, mucho más accesible económicamente para la mayoría de la ciudadanía europea que para las y los españoles.

Desde CSA sólo esperamos y confiamos en que la decisión adoptada hoy en el Parlamento de Canarias sea sólo el primer hito de un giro real en la política de conectividad con el archipiélago.