La autopsia practicada al cadáver del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, fallecido el pasado domingo en su vivienda de Sevilla capital tras sentirse mal de madrugada, atribuye su muerte a una neumonía grave sin relación con el coronavirus Covid-19, sumada al deterioro de algunos de sus órganos, según han informado a Europa Press fuentes próximas al difunto.
Guerrero, condenado a siete años, once meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, por el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas; comenzó a sentirse mal la madrugada del pasado domingo en su vivienda de la capital andaluza, según indicaba a Europa Press su abogado, Rafael Ramírez-García del Junco, quien aseguraba que previamente, el ahora fallecido parecía estar «bien» e incluso «animado» para afrontar las diversas causas judiciales incoadas en su contra.
La prueba de autopsia practicada a su cadáver ha revelado, según fuentes próximas a Guerrero, que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social habría fallecido víctima de una neumonía grave ajena a la enfermedad del coronavirus Covid-19, sumada al deterioro de algunos órganos.
SUS CENIZAS REPOSARÁN EN EL PEDROSO
Su cadáver descansa en estos momentos en el Tanatorio de San Jerónimo antes de ser incinerado, tras lo cual sus cenizas serán trasladadas a El Pedroso, su localidad natal y de la que fue alcalde antes de ostentar el cargo de director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.
Tras su condena a manos de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, Guerrero interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, avisando entre otros aspectos de «las múltiples contradicciones, incoherencias y errores que emanan de la primera fase del procedimiento, la fase de instrucción», comandada en principio por la juez Mercedes Alaya, actualmente en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y quien ordenó dos veces el ingreso en prisión de Guerrero.
Tal extremo, según el recurso de casación del difunto, «sin lugar a dudas condiciona a todos y cada uno de los actos procesales posteriores, en una absoluta y manifiesta quebrantamiento de forma, al existir una clara contradicción, falta de claridad en los hechos probados y, sobre todo, una clara contradicción en los hechos predeterminantes del fallo».
LA FASE DE INSTRUCCIÓN
«La aplicación del principio de legalidad y de disposición normativa ha brillado principalmente en la fase de instrucción, con cuya aplicación simplemente, debiera haber dado lugar a una solución distinta».
Además, la representación de Guerrero detectaba, entre otros aspectos, una «manifiesta incongruencia omisiva al no dar respuesta a todos los puntos que fueron objeto de postulación y probanza» por parte de la defensa. La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia, según la defensa de Guerrero, «únicamente da respuesta a las tesis acusatorias, construyendo una premisa en base a un resultado, cual ha sido el que, durante una década, se utilizó de forma fraudulenta un sistema para apoyar al gobierno de la Junta y así se defraudaron sobre 855 millones de euros».
Actualmente, Guerrero afrontaba el juicio iniciado el pasado mes de septiembre por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo presuntamente fraudulentos.
