La Consejería de Educación y Deporte priorizará el concierto de unidades de Formación Profesional de Grado Medio y Básica además de la renovación de los conciertos actuales en Infantil, ESO y Primaria, tal y como recoge el proyecto de orden que regula los conciertos educativos que entrará en vigor a partir del curso 2021/22. Javier Imbroda ha informado en el Parlamento de la nueva norma que actualmente se encuentra en fase de audiencia pública.
Durante su intervención, el titular de Educación y Deporte ha destacado que la apuesta por la concertación de la FP de Grado Medio y Básica «tiene como finalidad dar respuesta a la alta demanda de estas enseñanzas, en las que año tras año se quedan miles de estudiantes sin plaza, unos 30.000 jóvenes». En este sentido, Imbroda ha señalado que el Gobierno andaluz «no concibe que los prejuicios ideológicos que obligan a algunos a negarse a concertar puedan estar por encima de nuestra obligación moral y legal de facilitar una plaza en un ciclo formativo».
Asimismo, el consejero ha asegurado que la concertación en estas enseñanzas «complementaría la oferta pública y daría respuesta a un mayor número de demandantes sin poner en peligro la oferta pública de FP, que en los dos últimos cursos ha aumentado en 13.000 nuevas plazas».
Por lo tanto, la Consejería «priorizará» las solicitudes de los centros que tengan concertada la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), ciclos formativos de Grado Medio de la misma familia profesional e impartan la FP Básica en horario de mañana. También tendrán «prioridad» las solicitudes de ciclos formativos de FP Básica dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales y los de grado medio, «especialmente los que tengan altos índices de empleabilidad».
Respecto al Bachillerato, Imbroda ha aclarado que «su concierto es la última de nuestras prioridades» y ha detallado los criterios por orden de prelación que establece la norma para la concertación de estas enseñanzas y las de FP.
Así, se tendrá en cuenta en primer lugar la renovación de unidades concertadas, seguida por la transformación de unidades concertadas de Bachillerato o FP con bajas tasas de empleabilidad en unidades de FP con alta demanda en el mercado laboral; en tercer lugar la transformación de un Bachillerato en otra modalidad para atender la demanda de los alumnos; en cuarto el concierto de nuevas unidades de Grado Superio de FP.
Para ello tienen que ser ciclos que presenten un alto índice de empleabilidad y sean impartidos por centros que tengan concertados ciclos de Grado medio de la misma especialidad y, el último requisito sería el concierto de nuevas unidades de Bachillerato en aquellos centros que tengan concertada la ESO y estén impartiendo el Bachillerato aunque no concertado a la fecha de entrada de la orden.
Para los conciertos del resto de enseñanzas (Infantil, Primaria y ESO) «la norma no establece ningún cambio», ha precisado.
En la actualidad, ha informado de que Andalucía tiene concertadas 953 unidades de Educación Especial, 102 unidades de Programas de Transición de Vida Adulta, también de Educación Especial, 2.077 de Infantil, 4.502 en Primaria, 2.974 en ESO, 260 en Bachillerato, 595 en Grado medio, 257 en Grado Superior y 218 en FP Básica.
ADSCRIPCIÓN DE CENTROS
Por otro lado, Imbroda ha avanzado que en paralelo a la tramitación de la nueva norma, la Consejería está trabajando en la adscripción entre centros sostenidos con fondos públicos, medida que está incluida en el Decreto de Escolarización.
Ha explicado que esta iniciativa permitirá que un alumno que estudia la ESO en un centro concertado tenga adscrito un centro de Bachillerato público. Hasta ahora, «tenía su plaza garantizada, pero no en un centro en concreto y, por tanto, podía no estar cerca de su domicilio», ha preciado.
Asimismo, el consejero ha destacado que esta medida beneficiará por un lado al alumnado que estudia en un centro concertado que, al tener su adscripción, sabrá con antelación dónde va a continuar sus estudios de Bachillerato y, por otro, la escuela pública «porque muchos centros concertados se van a adscribir en Bachillerato a centros públicos, lo que redundará en un aumento de unidades en esos centros públicos, que recibirán al nuevo alumnado que les empezará a llegar por adscripción».
Desde Adelante Andalucía José Ignacio García ha señalado que esta norma, como todas, «tiene detrás un sustento ideológico» y un solo objetivo, «ampliar los conciertos a etapas de Bachillerato y FP». Ha criticado que «se derivan cada vez más recursos de la pública hacia la privada», y ha lamentado que mientras que Educación «no tiene recursos suficiente para bajar la ratio, para más profesores, para abordar la crisis de las infraestructuras, para la enfermería escolar, sin embargo, en medio de esta crisis, su gran medida es financiar más la educación privada con fondos públicos».
La socialista Beatriz Rubiño ha afirmado que este gobierno «se quitó la careta desde el decreto de escolarización» y «por la vía de los hechos nos encontramos un borrador de orden que viene a romper el equilibrio que viene dándose desde 1985 con la LODE», todas normas «de alto rango», mientras que su Consejería «no ha destinado ni una sola norma para amparar a la comunidad educativa desde que comenzara la pandemia y todo han sido resoluciones y circulares sin valor normativo».
«Pero si ha tenido tiempo en plena pandemia para órdenes y decretos que le permiten seguir con su senda privatizadora y debilitando sin escrúpulos el sistema de educación pública», ha lamentado Rubiño, que añade que este borrador de orden «no atiende a principios de inclusión, equidad ni justicia social; nada queda de las necesidades originales del inicio de los conciertos y más bien parece responder a las exptectativas de negocio del sector privado».
María José Piñero de Vox considera «positiva» esta orden, y ha señalado que aunque la Junta «está dando algunos pasos a favor de la libertad de educación en Andalucía, saliendo del modelo antiguo en pugna constante entre pública y privada, aún es insuficiente para que las familias puedan ejercer su derecho a elegir la educación para sus hijos».
Desde Cs Francisco José Carrillo ha señalado que Andalucía sigue siendo «donde menos alumnos hay en centros de enseñanza concertada» y que «el prejuicio ideológico no debería estar por encima del derecho», mientras que el popular Miguel Ángel Ruiz ha defendido que «queremos un educación de calidad y da igual el apellido que tenga, debe ser una elección de cada uno». «El concierto es el instrumento que garantiza que la libre elección de centro se pueda hacer en condiciones de igualdad, sin importar el nivel socioeconómico de una familia o alumno», ha concluido.
