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Andalucía anuncia la vía civil para tomar posesión del Algarrobico

La consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha indicado que la Junta va a “ejercitar la vía civil” para inscribir registralmente a su nombre las fincas en el paraje de El Algarrobico en las que se levanta el hotel de Azata del Sol, y ha trasladado que, de forma paralela, mantienen “voluntad de diálogo” con la promotora para resolver el conflicto.

“Si no se ejerce el derecho de retracto, nadie puede demoler”, ha Crespo, quien ha informado, sin precisar cuantías, de que el presupuesto general de la comunidad para 2021 incluirá “dos partidas; una para el proyecto” en alusión a la restauración paisajística y medioambiental; y una segunda, “para iniciar el retracto”.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera ha expresado la “voluntad inquebrantable” del Gobierno andaluz, “alejada del ecopostureo” según ha destacado, y ha avanzado que la Junta va a solicitar al Gobierno central la convocatoria de la comisión mixta, que no se celebra desde 2018, en el marco del protocolo firmado en 2011 para la demolición de lo que ha calificado de “aberración medioambiental”.

“Queremos ir de la mano, coordinados, con el Gobierno y ojalá el año que viene tengamos puesta una fecha de demolición porque estamos convencidos de que es lo que quiere la sociedad y medioambientalmente es importantísima la recuperación del paraje y la normalidad en esa playa”, ha dicho, no sin antes admitir la existencia de “flecos judiciales” que obligan al Gobierno andaluz a “que nos pille con los deberes hechos y podamos seguir adelante con este deseo”.

En esta línea, Crespo ha trasladado que “buscamos fórmulas para ayudar a acometer los trabajos de derribo, retirada de escombros, de residuos, su valorización y de reparación de suelo” al tiempo que ha detallado, a instancia de los servicios jurídicos de la administración, que se van a hacer “actuaciones ante el Registro de la Propiedad y el Catastro para dar cumplimiento a lo impuesto por el Tribunal Supremo, y acatar y hacer valer las decisiones judiciales”.

El Tribunal Supremo sentenció en diciembre de 2017 que la Junta debía acudir a la vía civil contra las mercantiles Azata del Sol y Azata Patrimonio para poder inscribir registralmente a su nombre las fincas de El Algarrobico y desestimó su recurso por el que solicitaba una “autorización de entrada” para tomar posesión de los terrenos.

La Junta pidió estas medidas ante la “actitud” de las mercantiles que, según remarcaba en su escrito, habían “impedido la entrega voluntaria” de las fincas del sector ST-1 adquiridas en 2006 por la Administración autonómica por un importe de 2,3 millones de euros en tanteo y retracto.

“La toma de posesión, que es para lo que se solicita la autorización de entrada, está subordinada a la titularidad registral de las fincas, lo que exige acceso al Registro de la Propiedad de la adquisición de la Junta”, concluía el Alto Tribunal. El derecho de retracto ejercido por la Junta en 2006 se avaló también judicialmente en firme “dado el notorio interés ambiental” de los terrenos y su calificación como zona C1 en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

“VOLUNTAD DE DIÁLOGO CON EL PROPIETARIO”

En su intervención, Carmen Crespo, quien ha insistido en que para la resolución del conflicto es “de vital importancia que vayamos todos de la mano”, ha asegurado que, desde 2019, se ha trabajado “bajo la coordinación de la Consejería de Presidencia en la tramitación para dar cumplimiento a la sentencia”, en este caso, la que sentenció que El Algarrobico y El Canillar, donde también estaba previsto desarrollo urbanístico residencial, son áreas ambientalmente protegidas y, por tanto, no son urbanizables.

“Hemos trabajado en la búsqueda de soluciones y de previsiones presupuestarias para cumplir y ejercer el retracto para recuperar con todas las garantías las fincas y el edificio”, ha añadido para aludir de nuevo a que “una voluntad de diálogo con el propietario” y a que están “abiertos” a una “negociación permanente”.

Por último, la consejera, quien ha advertido que una vez se ejecute el derecho de retracto “no habrá vuelta atrás”, ha aludido a otros flecos judiciales pendientes que pasan por los procesos por responsabilidad patrimonial a instancias de la promotora ante la Audiencia Nacional (AN) y que aún no se han sustanciado. “Estamos a la espera de esos pronunciamientos para no entrar en contradicciones”, ha concluido.

El Tribunal Supremo requirió el pasado mes de julio a la Junta de Andalucía para que le informase acerca de qué gestiones estaba llevando a cabo para restaurar la legalidad en el paraje de El Algarrobico y para que le precisase si pendía “de actuaciones de otras administraciones públicas” o, en su caso, de resoluciones judiciales “en tramitación”.

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