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El conflicto social que se vive en Gracia con tres noches de
enfrentamientos entre los Mossos d'Esquadra y miembros del colectivo okupa
tie
ne su vertiente política que ahora trata de desenmascarar la Fiscalía de Barcelona.

Según ha trascendido el ayuntamiento de Barcelona pagó en
2015, bajo el mandato del convergente Xavier Trias, hasta 65.000 euros a la
inmobiliaria propietaria de la finca que ha originado los disturbios.

La alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, ha
denunciado que Trias pagaba 5.500 euros mensuales a esta inmobiliaria con el
objetivo de evitarse problemas y no tener que recurrir a la intervención de un
juez y, después de la policía, para desalojar a los okupas.

La
Fiscalía de Barcelona ha trasladado la orden a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a
esta institución de que investigue hasta el final los pagos
del alquiler del
local ocupado, que ascendieron a 65.000 euros.

La intención del consistorio conservador era ganar tiempo
para encontrar una solución que conciliara el derecho del propietario de la
finca, el llamado banco expropiado por los okupas, y el mantenimiento del
local. El equipo de Colau se negó a continuar pagando este alquiler lo que ha
acabado desencadenando el conflicto.

La acción de la
Fiscalía de Barcelona se ha iniciado cuando ha conocido las
informaciones aparecidas en los medios de comunicació
n que aseguraban que era la
Casa Gran la que se hacía cargo del pago
del alquiler del local para evitar males mayores.

La institución pública ha argumentado en la
resolución que ha enviado a la
Unidad de la Policía
Nacional que corresponde a la fiscala jefa Anna
Magaldi
incoar las diligencias que considere necesarias cuando se tenga conocimiento de
un hecho aparentemente delictivo, ya sea por la vía de una información directa
o bien por serle presentada una denuncia o un atestado.

La información ha llegado a la Fiscalía de Barcelona a
través de los medios de comunicación.

El exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, deberá aclarar los
motivos por los que el ayuntamiento que gobernaba pagó este alquiler a la
inmobiliaria propietaria del banco expropiado.