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 La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha condenado
enérgicamente los disturbios que se han sucedido esta madrugada en la vila de
Gràcia una vez los mossos d'esquadra han decidido desalojar el denominado “banco
expropiado”que llevaba años ocupado por miembros de colectivos alternativos de
la ciudad condal.

Colau ha expresado que, en los próximos días, el
ayuntamiento mediará con los desalojados con el objetivo de encontrar un recinto
alternativo
en el mismo barrio de Gracia. La alcaldesa entiende que deben
continuar las actividades culturales que se llevaban a cabo en el inmueble
intervenido por la policía.

La primera autoridad municipal ha negado que el consistorio
haya tenido nada que ver con el desalojo porque este ha obedecido a una
resolución judicial
que han acabado ejecutando los Mossos d'Esquadra. Colau ha
recordado que el recinto donde se encontraba este “banco expropiado”es de
propiedad privada, y, en consecuencia, entra dentro de la normalidad que sus
propietarios quieran mantener aquello que les pertenece.

La alcaldesa ha rechazado la violencia que los manifestantes
han ejecutado esta noche una vez se ha conocido el desalojo. Se han quemado
contenedo
res de la vía pública, coches y motos además de lanzarse piedras
contra las lunas y las cristalerías de las oficinas de las entidades bancarias
que la manifestación ha encontrado en su recorrido.

Para Colau los vecinos del barrio no merecen lo que ha
acontecido pero también hay que preguntarse qué es lo que se oculta detrás de
esta
s acciones.

El ayuntamiento había ofrecido un local alternativo a las
personas que ocupaban este inmueble situado en la Travesera de Gracia a
escas
os metros del mercado de la vila.

La justificación que había dado el consistorio es que se
estaba haciendo una actividad social y cultural muy loables que no tenía
sentido
desaprovechar.

Para Colau la obligación del ayuntamiento es trabajar para
que no hayan locales ni viviendas vacías. La alcaldesa ha explicado que el
consistorio dejó de pagar el alquiler que empezó a pagar su antecesor Xavier
Trias, quien, a su entender pagaba para
evitar problemas como los de Can Vias y
no hacer ruido.

Según algunas fuentes este alquiler alcanzaba los 5.500
euros mensuales.