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El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha
asegurado que existe una mayoría suficiente en la cámara catalana para iniciar el
proceso hacia la independencia. Puigdemont ha matizado que sería posible
revisar los plazos para completar el camino que, inicialmente, se había fijado
en 18 meses

Finalizado este plazo el president convocará a los
ciudadanos a un referéndum para que decidan sobre si dan el visto bueno a la Constitución catalana
que están elaborando un grupo de juristas. El exmagistrado Santi Vidal se
encargó de llevar a cabo el borrador de esta norma esencia de la República catalana.

Puigdemont ha admitido que no hay una fuerza suficiente para
una decisión unilateral. En esta dirección, ha admitido que “si para hacer las
cosas bien llegamos a los 18 meses
y nos falta completar un trozo del recorrido
no se interrumpirá esta etapa”.

Para el president catalán la necesidad es dar cobertura jurídica
a cada uno de los pasos que se dé. Por este motivo, la independencia no se
producirá hasta celebrar nuevas elecciones
. Puigdemont ha apuntado que los
ciudadanos catalanes tendrán que responder ante las instituciones de Catalunya
y la Hacienda
catalana.

Puigdemont ha reiterado que en ningún caso desde Catalunya
se esperará a los pasos que dé el futuro ejecutivo de España. El president ha
añadido que “lo que hace que no sienta que soy el representante ordinario del
Estado en Catalunya es cómo trata esta Constitución a sus representantes”.

En cuanto a la propuesta federal que propone el PSOE, Puigdemont
se ha mostrado contundente al afirmar que “parece mentira que alguien pueda
creerse todavía los cuentos federales”.

Puigdemont no sabe si podrá aprobar el nuevo presupuesto
porque no forma parte del acuerdo que se cerró con la
CUP. Por este motivo ha anunciado una ronda
de conversaciones con los distintos partidos políticos para aprobar las
cuentas.

Precisamente, la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, ha
advertido que la formación anticapitalista está pendiente de saber en qué
dirección se dirigen estos presupuestos para votarlos y que sean aplicados.

Junts pel sí y la
CUP pactaron un plan de choque social de 270 millones de
euros de aplicación inmediata.