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 Residencias, farmacias y ortopedias catalanas han aunado
esfuerzos en su reclamación de pago a la Generalitat de Catalunya.

Los afectados acumulan varios meses sin cobrar y recuerdan a
la administración catalana
que el derecho básico a la salud se está atendiendo
con sus recursos.

Por primera vez en Catalunya, todos estos colectivos que
representan a las farmacias, a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a
residencias geriátricas, los centros de ortopedia y las clínicas privadas con
contrato con la sanidad pública han presentado una queja conjunta en la que
requieren la responsabilidad del Govern catalán.

Los farmacéuticos señalan que la situación es insostenible y
que negocios que podrían evolucionar sin dificultades se ven obstaculizados por
estos impagos que, en algunos casos, suman ya cinco meses de demora.

Denuncian, asimismo, que los ciudadanos cada día tienen más
problemas para encontrar sus medicamentos habida cuenta de que los proveedores
dejan de abastecerlos a las farmacias que no pagan.

Una farmacéutica barcelonesa ha hecho público el caso de un
cliente,
enfermo de cáncer, que precisa un medicamento con un coste de 400
euros mensuales. El afectado ha recorrido diversas farmacias y ninguna le
proporciona su producto.

Los afectados exponen que la Generalitat carga el
problema sobre Hacienda
porque el ministerio no autoriza el pago de un fondo de
liquidez extraordinario que solucionaría.

Los denunciantes aducen que resulta inaceptable que un
derecho básico y fundamental como es la salud, lo que incluye la protección
social del enfermo, no esté garantizado.

Añaden que son ellos los que cumplen con los derechos de los
ciudadanos buscando recursos propios con la finalidad de no abandonar a los
usuarios.

Algunos proveedores han optado por denunciar a las farmacias
que incumplen los términos de los pagos.