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 La exvicepresidenta del Govern de la Generalitat, Joana
Ortega
, y la consellera en funciones de educación, Irene Rigau, declaran ante
el juez por “haber planificado, auspiciado y financiado”la votación del 9 N.

Rigau y Ortega declaran en calidad de imputadas y el jueves
lo hará el President de la
Generalitat, Artur Mas, también como imputado.

Altos cargos de la Generalitat, compañeros del ejecutivo catalán y
alcaldes de la Asociación
de Municipios por la
Independencia
han anunciado que asistirán junto a las
imputadas en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

También lo hará la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha
criticado con dureza la resolución judicial contra el Govern, y entidades de la
sociedad civil catalana.

La querella se redactó en la Fiscalía General
del Estado, dirigida hace 11 meses por Eduardo Torres-Dulce, y coincidía con lo
que se había remitido desde Madrid a los colegas de Barcelona. La mayoría de
miembros de la Fiscalía Superior
de Cataluña rechazaron los borradores
y desaconsejaron iniciar acciones legales
contra consellers y contra el President Artur Mas.

La querella de la Fiscalía se centra en la acusación de que el
Govern desplegó una conducta incompatible con la orden de suspensión dictada
por el Tribunal Constitucional cinco días antes del proceso participativo del 9
N.

Los abogados de los imputados fundamentan la defensa en
función de la inexistencia de un mandato preciso del Tribunal Constitucional y
de la negativa reiterada a dar cumplimiento a la resolución del alto tribunal,
tal y como exige el código penal para apreciar el delito de desobediencia.

El President de la
Generalitat, Artur Mas, ha manifestado en diversas ocasiones
en relación con su imputación que no existe ningún país del mundo en que se
persiga a un dirigente político por poner unas urnas y que los ciudadanos
puedan opinar