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El Gobierno modifica el tratamiento fiscal de los activos fiscales diferidos con el fin de eliminar incertidumbre

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La banca española tendrá que tributar por 419 millones de euros para poder computar como capital de máxima calidad activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) por valor de 28.000 millones de euros, un pago que deberá realizarse a partir de 2016 y que será voluntario para las entidades, según han informado fuentes oficiales.

El Gobierno ha anunciado este lunes que incluirá una enmienda en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016 para modificar el tratamiento fiscal de los DTA en el impuesto sobre sociedades. El objetivo es eliminar “cualquier incertidumbre” sobre la compatibilidad del tratamiento tributario de los activos fiscales diferidos en España con la legislación comunitaria.

En un comunicado, el Ministerio de Economía ha señalado que, con este cambio, se está asegurando la estabilidad del cálculo del capital regulatorio que las entidades financieras mantienen en la actualidad.

El departamento que dirige Luis de Guindos ha recordado que el Real Decreto-Ley 14/2013 modificó la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades con el objetivo de establecer la independencia de determinados DTA –concretamente los derivados de provisiones no computadas fiscalmente y los derivados de aportaciones a sistemas de previsión social– de la evolución de la entidad, al prever la conversión de estos activos en créditos exigibles frente a la Hacienda pública en supuestos de pérdidas, insolvencia judicialmente declarada y liquidación.

En el caso concreto de las entidades de crédito, esta norma fortalecía su solvencia al evitar que el régimen fiscal pudiera crear distorsiones en el cálculo del capital regulatorio de las entidades financieras. De este modo, la norma facilitaba que éstas pudieran continuar contribuyendo a la recuperación económica facilitando el crédito a empresas y familias.

DOS TIPOS DE DTA

Con el nuevo cambio que pretende establecer el Gobierno se distinguirá entre dos tipos de DTA monetizables: aquellos que se generaron con bases imponibles positivas y los que se generaron con bases imponibles negativas.

Estos últimos irán desapareciendo en el futuro y dejarán de ser monetizables, según han informado fuentes oficiales, que han insistido en que solo serán monetizables los generados con bases imponibles positivas.

Con datos de 2014, el volumen de DTA de la banca ascendía a 40.000 millones de euros monetizables, de los que 12.000 se generaron con base imponible positiva y el resto, unos 28.000 millones, con base negativa. Sobre estos últimos, la banca tendrá que pagar una garantía de 150 puntos básicos de capital, o, lo que es lo mismo, abonar una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5%, una cuantía que, en esta caso, sería equivalente a 419 millones, si quieren que computen como capital de la máxima calidad.

Esta tasa deberá comenzar a pagarse, de manera voluntaria, a partir de 2016. “Es un pago anual en virtud del volumen de DTA monetizables que tenga cada entidad. A media que vayan cayendo, el importe de la garantía se reducirá”, han apuntado fuentes oficiales. La nueva normativa establecerá, además, que los DTA que se generen a partir de 2016 no serán monetizables.

UNA MEDIA POSITIVA PARA LA BANCA

Las mismas fuentes han afirmado que el sector financiero ya conoce las consecuencias de la nueva normativa. “Considera que esto es positivo, porque se elimina cualquier tipo de incertidumbre. Además, el pago es voluntario”, añaden, al tiempo que precisan que todos los bancos tienen capital y pueden pagar esta tasa, independientemente de que realicen emisiones en el mercado.

En este sentido, insisten en que “lo natural” es que la totalidad de las entidades “se apunten” a este esquema. Asimismo, han recordado que es una norma general y que, por lo tanto, afectará a todos los sectores, más allá de la banca.

Tras el anuncio del cambio de la normativa, la Comisión Europea ha informado de que da por buenas las modificaciones, por lo que cierra la investigación que había iniciado para determinar si suponían ayudas públicas ilegales.