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LA HAYA, 24 (Reuters/EP)

Defensores de los derechos de los yazidíes, una comunidad del norte de Irak que ha sido objetivo del grupo terrorista Estado Islámico por no ser musulmanes, han instado este jueves al Tribunal Penal Internacional (TPI) a que investigue su persecución como un caso potencial de genocidio.

En una reunión con la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, dos ONG yazidíes le han entregado un informe en el que se detallan las atrocidades cometidas por los combatientes islamistas en el norte de Irak desde agosto de 2014.

Entre los crímenes se incluyen ejecuciones sumarias de más de 700 hombres, la matanza de enfermos y ancianos, la violación y la esclavitud de miles de mujeres y el secuestro de sus hijos, que se han visto obligados a convertirse al islam y luchar en las filas del grupo terrorista.

El anterior fiscal jefe del TPI Luis Moreno Ocampo, quien ayudó a los yazidíes a presentar la petición de forma conjunta, aseguró este mes

que considera un claro caso de genocidio los crímenes contra este pueblo.

Más de 400.000 yazidíes han huido de los distritos de Sinjar y Nínive, a veces, gracias a los bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos e Irak contra Estado Islámico. Ahora viven en campamentos en áreas controladas por el Gobierno regional kurdo.

El grupo terrorista ha expresado abiertamente su deseo de eliminar la religión yazidí, la cual consideran pagana. Los yazidíes creen en un único Dios y su teología deriva de las antiguas tradiciones religiosas de Irán, mucho más canónicas que los textos judíos, cristianos o islámicos.

COMBATIENTES EXTRANJEROS

Bensouda admitió en una ocasión anterior que parecían que los combatientes de Estado Islámico han cometido graves crímenes en Irak y Siria y pidió a la comunidad internacional que actuase debido a que ella no tenía jurisdicción porque estos dos países no son miembros del TPI.

El informe ha sido presentado por la Fundación Yazidí Libre y por Yazda, con el apoyo del Gobierno kurdo, argumentado que el tribunal tiene jurisdicción sobre los combatientes extranjeros de Estado Islámico que pertenecen a países miembros del TPI y que se estiman entre los 5.000 y los 7.500, entre ellos 2.000 de Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania y Países Bajos.

Bensouda aclaró en abril que el tribunal podría en teoría ejercer “jurisdicción personal” sobre los individuos de aquellos estados miembros que se han unido al grupo terrorista.

Las organizaciones yazidíes han asegurado este jueves que tienen pruebas de que los extranjeros están jugando un relevante papel. “Son una importante parte de Estado Islámico”, ha afirmado Murad Ismael de Yazda.

“Son responsables de dirigir los medios, de la financiación, del entrenamiento y, lo más importante, los miembros extranjeros que hemos sido capaces de identificar fueron responsables del comercio sexual de mujeres y niñas yazidíes, muchas de ellas menores de seis años”, ha criticado.

Las ONG quieren que Bensouda revise públicamente las pruebas disponibles y los argumentos legales para ver si el TPI tiene jurisdicción y puede abrir una investigación formal. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también podría remitir el caso al TPI aunque Irak y Siria no sean miembros, como ya hizo con las acusaciones de genocidio de la región de Darfur, en Sudán. El Tribunal se creó en 2002 para perseguir los crímenes de guerra y contra la humanidad cuando los estados miembros no estén dispuestos a hacerlo o no sean capaces por sí solos.