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MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La mejora del protocolo de evaluación policial del riesgo de violencia de género anunciada por los ministerios de Sanidad e Interior en abril de 2014 todavía no ha entrado en vigor, aunque el Gobierno asegura que la modificación se encuentra ya en la última fase y estará implantada antes de que termine el año.

Se trata del cuestionario estándar que realizan los agentes a las mujeres que presentan denuncia en comisaría para deducir si el peligro que afrontan es ninguno, bajo, alto o extremo. El objetivo del cambio era incluir nuevos indicadores, como la situación laboral y económica de la mujer, su discapacidad si la hubiera o la existencia de hijos menores de edad para afinar el resultado y así, su fiabilidad.

No en vano, la mayor parte de las 14 mujeres asesinadas el año pasado que sí habían presentado denuncia por violencia de género fueron previamente diagnosticadas por la policía como en riesgo bajo o no apreciado, tal y como reveló en un informe el Consejo General del Poder Judicial, cuyo Observatorio de Violencia de Género reclamaba cambios urgentes en los cuestionarios.

El resultado de la evaluación policial es determinante, pues se transmite al juez, que lo utiliza para decidir qué medida de protección es la más adecuada en cada caso. Aunque debería contar asimismo con un informe completo de una unidad de valoración forense integral, no todos los juzgados disponen de este servicio, por lo que a veces el trabajo policial es el único elemento objetivo de juicio.

Aún así, “es como tirar una moneda al aire”, según decía a Europa Press la psicóloga forense de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid, Rocío Gómez Hermoso, preguntada sobre este tema. En su opinión, “no son adecuados, porque tienen una sensibilidad inferior al 50%, es decir, que dejan fuera a muchas personas peligrosas que no son captadas, y además, ni siquiera son realizados por personas que tengan conocimientos en evaluación conductual y de peligrosidad”.

En la actualidad, hay 51.143 mujeres víctimas de violencia de género dadas de alta en el sistema de seguimiento integral de la policía (VIOGEN) y de ellas, 34.915 figuran como en situación de riesgo no apreciado y 13.370 en riesgo bajo. Constan asimismo 2.740 en riesgo medio, 111 en bajo riesgo alto y siete en peligro extremo.

Desde la creación de este servicio, en julio de 2007, 392.261 mujeres han pasado por él, ya fuese bajo control de la Policía Nacional, la Guardia Civil las policías locales o las autonómicas de todo el territorio nacional, conforme los datos del Ministerio del Interior recopilados por Europa Press.

Cuando se anunció una mejora en el cuestionario, también se prometió mejorar la reevaluación de las víctimas que figuran en VIOGEN. En la actualidad, se deben chequear semanalmente los casos en riesgo alto, quincenalmente los de nivel medio y una vez al mes, los de nivel bajo. Sanidad dijo que también se revisarían los de riesgo no apreciado, con alertas trimestrales, pero eso tampoco ha entrado en vigor.

EN DESARROLLO INFORMÁTICO

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press inciden en que desde que se acordó la medida se ha estado trabajando en ella. Se creó un grupo de técnicos integrado por representantes de las fuerzas policiales y expertos de la Universidad Autónoma de Madrid que revisó tanto la valoración policial del riesgo como la evaluación de estas valoraciones.

Tras analizar los indicadores existentes y descartar los no válidos, comenzaron con la búsqueda de nuevos indicadores de riesgo, poniendo el acento, según las mismas fuentes, en “menores de edad, mujeres inmigrantes y personas en situación de vulnerabilidad”, hasta conseguir completar un nuevo cuestionario que, siempre conforme la versión de Interior, ya estaría terminado.

En la actualidad, se está trabajando en la fase de “desarrollo informático” para conseguir integrar el nuevo protocolo en el VIOGEN y se espera terminar “practicamente ya”. En septiembre se iniciará la fase de validación del nuevo cuestionario, a cargo de los expertos del grupo de la Autónoma, y a partir de ahí, se irá reemplazando el antiguo cuestionario por el nuevo en los sistemas policiales.

EL PSOE ACUSA FALTA DE DILIGENCIA

La portavoz del área de Igualdad del Grupo Socialista en el Congreso, Ángeles Álvarez, pone en duda que vaya a estar funcionando antes de que acabe la Legislatura y señala que, en todo caso, se habrían perdido cuatro años sin avanzar, ya que un sistema que debe estar vivo y sujeto a todo tipo de mejoras sobre la marcha, se ha mantenido intacto desde que el PP llegó al poder.

“Ese protocolo comenzó a utilizarse en 2007. Mientras estuvimos en el Gobierno hubo seis modificaciones. Identificando aspectos que eran susceptibles de ser mejorados, se fueron cambiando los indicadores de medición de las escalas que permiten valorar el riesgo. El PP no lo ha modificado ni una sola vez y no porque no hayamos identificado aspectos que eran mejorables”, destaca en declaraciones a Europa Press.

En su opinión, el protocolo de valoración policial es un caso “paradigmático de la dejación del Gobierno” en materia de prevención de la violencia de género, como el hecho de que “hasta hace ocho meses no hubieran firmado ningún convenio con las comunidades autónomas para incorporar información procedente de servicios sociales o de atención a mujeres” en el VIOGEN. “Han sido muy poco diligentes a la hora de seguir avanzando”, comenta.