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La
Consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, pedirá al ministerio
que derogue el decreto de la Lomce
que prevé estas compensaciones. El Ministerio de Educación ya ha reducido en un
80%
la partida presupuestaria para esta actividad.

Para la
Generalitat ha pasado a ser una prioridad el freno a las reválidas
y la obligación de la comunidad autónoma de pagar la escolarización en
castellano

Rigau ha valorado con satisfacción la oferta de diálogo del
sustituto de Wert, Iñigo Méndez de Vigo, y cuenta con el apoyo de otras 11
autonomías
que no están gobernadas por el Partido Popular.

La intención del departamento de ensenyament es ralentizar
el despliegue de la ley
que, se considera, se está aplicando con una celeridad
inédita
habida cuenta de la magnitud de la reforma.

El Govern se ha propuesto derogar las pruebas de cuarto de
ESO
y de segundo de bachillerato que obligan al conjunto de los alumnos
españoles a estudiar las mismas materias para graduarse.

 Estas pruebas entrarían
en vigor a partir del curso 2016-2017
aunque los efectos académicos no se
vislumbrarían hasta el curso siguiente.

Desde Cataluña se pretende, también, que el Ministerio
analice qué está pasando con la formación profesional básica. Esta formación no
se está aplicando en el territorio
y se entiende que no acaba de funcionar en
las comunidades donde se está aplicando.

Rigau expresa su rechazo a la división de la ESO en dos itinerarios tal y
como está contemplada en la Lomce. La
medida propicia que se obtengan dos títulos diferentes.