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El Ayuntamiento de Barcelona ofrece a los propietarios de apartamentos turísticos ilegales en el distrito de Ciutat Vella condonarles parte de la sanción si los ceden a la Mesa de Emergencia Social del Consorcio de Vivienda de Barcelona para destinarlos a alquiler social.

La concejal del distrito, Gala Pin, ha detallado este miércoles en rueda de prensa que se trata de una prueba piloto por la que el consistorio condonará el 80 por ciento de la sanción a los propietarios por cederlos durante tres años en alquiler social, que cobrará el Ayuntamiento.

El 20 por ciento restante lo podrán pagar pasados los tres años o podrán optar por seguir ofreciéndolo en alquiler social hasta compensar la totalidad de la multa, tras lo cual podrán recuperar el cobro las rendas de alquiler.

Acompañada por el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, Pin ha señalado que notificarán hasta el 15 de septiembre a los alrededor de 330 pisos que podrían acogerse al convenio, y que revisarán la prueba piloto en diciembre para evaluarla.

Preguntada por los periodistas, ha concretado que las sanciones por ofrecer un piso turístico ilegal pueden alcanzar los 90.000 euros, pero que la media de las interpuestas en la ciudad es de 15.000.

REQUERIMIENTO A LAS PLATAFORMAS

Pisarello ha explicado que el Ayuntamiento hará un requerimiento a las plataformas intermediarias –-ha citado a Airbnb y Booking— para que faciliten al consistorio los datos de los pisos turísticos que ofertan sin que tengan el número de registro de la Generalitat.

En caso de que no los entreguen en 15 días, a partir del 1 de septiembre el consistorio sancionará a las plataformas por cada uno de los pisos de los que no faciliten la información, con multas de las que no han detallado la cuantía.

La concejal ha resaltado que las plataformas, a las que se han referido como 'lobbies', también deberán retirar los apartamentos que no cuenten con número de registro de la Generalitat, a los que se inspeccionará y sancionará por llevar a cabo una actividad ilícita.

Preguntada por los periodistas, ha explicado que estas sanciones están previstas por la Ley de Turismo de Catalunya, por lo que considera que “ha habido una falta de voluntad de otros Gobiernos municipales” de aplicarla.