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MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Murcia, Castilla y León y Cantabria son las comunidades autónomas en las que más baja la inversión del Estado el próximo ejercicio respecto a 2015, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 presentado este martes por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

El proyecto de cuentas públicas para 2016 prevé que el Gobierno distribuya entre las comunidades y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla un total de 13.231,21 millones de euros. Esta cifra supone un ligero aumento (0,87%) respecto a los 13.117 millones que se aprobaron finalmente en la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas de 2015.

En concreto, la inversión baja en las comunidades de Murcia (-22,75%), Castilla y León (-16,78%), Cantabria (-10,49%), Asturias (-7,66%), Andalucía (-7,09%), La Rioja (-5,47%), Galicia (-1,62%) y Extremadura (-1,28%).

Mientras, País Vasco es la comunidad autónoma en la que más suben las inversiones para el próximo año, con un 23,46 por ciento más que en 2015. Le siguen Baleares (15,27%), la Comunidad Valenciana (12,24%), Navarra (10,46%), Cataluña (10,10%), Aragón (6,64%), Madrid (3,91%), Canarias (2,19%) y Castilla-La Mancha (0,9%).

Por su parte, la inversión del Estado en Ceuta subirá un 1,35 por ciento en 2016 mientras que descenderá un 8,93 por ciento en la ciudad autónoma de Melilla.

ANDALUCÍA, CyL, GALICIA Y CATALUÑA, LAS QUE MÁS RECIBEN

Más allá de su comparación con lo recibido en 2015, la comunidad autónoma en la que el Gobierno prevé más inversión en términos absolutos es Andalucía, que con 1.820 millones de euros recibirá un 16,5 por ciento del total.

A continuación se sitúan Castilla y León con una inversión de 1.451 millones (13,1 por ciento del total), Galicia con 1.363 millones (12,3%) y Cataluña, donde el Estado invertirá 1.179 millones, un 10,7 por ciento del total. También por encima de los mil millones de euros se sitúa la Comunidad de Madrid, donde el Estado prevé invertir 1.019 millones, un 9,2 por ciento del total de LOS territorios.

Por detrás se encuentra la Comunidad Valenciana con 879 millones (8%), Castilla-La Mancha con 583 millones (5,3%), País Vasco con 449 millones (4,1%), Aragón con 418 millones (3,8%) y Extremadura con 363,99 millones (3,3%).

Además, el proyecto de Presupuestos contempla una inversión en Murcia de 330 millones (3 por ciento del total), en Asturias de 307 millones (2,8%), en Canarias de 261 millones (2,4%), en Cantabria de 205 millones (1,9%), en Baleares de 159 millones (1,4%), en Navarra de 106 millones (1%) y en La Rioja de 89 millones (0,8%).

En el último lugar de la distribución territorial del sector público estatal se sitúan las dos ciudades autónomas. El Gobierno contempla una inversión de 32 millones en Melilla y casi 30 millones en Ceuta, un 0,3 por ciento en cada caso del total estatal.

COMPARACIONES SESGADAS, ALEGA EL GOBIERNO

Pese a estos datos, el Gobierno aclara que existen limitaciones que pueden llevar a que las comparaciones entre territorios o entre años dentro de un mismo territorio estén “frecuentemente sesgadas” e induzcan a errores en las apreciaciones.

Una de las explicaciones de ello es que las inversiones se imputan al territorio en el que tienen lugar, independientemente de aquellos a los que beneficia, como por ejemplo pueden las obras de la alta velocidad. A juicio del Ejecutivo, esto introduce “un sesgo en la información”, ya que muchas de las actuaciones del sector público estatal “generan efectos positivos para el conjunto del país o para partes amplias de éste”, una realidad que “ignoran” los datos territorializados.

Pero además, el Gobierno defiende que las comparaciones intertemporales son con frecuencia “poco significativas”, ya que muchas de las inversiones públicas tienen un carácter “singular e irrepetible”. Podría ser el caso de un aeropuerto o una línea de alta velocidad, que eleva de forma importante la inversión en un determinado territorio cuando se inician y provocan el efecto contrario una vez concluidas.

“Pero ni lo uno ni lo otro puede interpretarse como un cambio a corto plazo en el esfuerzo realizado en ese territorio”, defiende el Gobierno, que sostiene que “sólo considerando periodos relativamente largos puede valorarse la actuación de la inversión pública en un determinado territorio”.