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SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha instado al Gobierno andaluz a que aborde con agentes económicos y sociales, y con todo el tejido que conforma el tercer sector en Andalucía, la política de déficit “impuesta” por el Gobierno de la Nación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), por la que el Ejecutivo obliga a que la mayor parte del dinero que el Estado entregará a cuenta a Andalucía vaya al déficit y a amortizar deuda con las entidades bancarias y no a inversión.

En una entrevista con Europa Press, Maíllo ha explicado que está de acuerdo con la postura de la consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, contra la decisión del Gobierno, pero le ha insistido en que “no se quede solo en eso”. “Echamos de menos en el Gobierno andaluz una actitud más firme en cuanto a la implicación de la sociedad civil”, ha sostenido.

Así, ha señalado que IU va a respaldar una postura firme del Gobierno andaluz ante esa decisión, siempre y cuando “no se convierta en una oposición formal que inmediatamente le dice al PP que no se preocupe, que va a cumplir ortodoxamente”.

Por eso, en su opinión, Montero debería convocar a los agentes económicos y sociales de Andalucía “para exponer las consecuencias que tiene el planteamiento resultante del CPFF en una difícil ejecución de presupuestaria”, así como que explique “las potencialidades que tendría usar ese dinero en inversiones, mejoras y recuperación de derechos”.

Así las cosas, ha invitado a la Junta a mantener este encuentro con el tercer sector para “abordar con mayor firmeza y con la complicidad del tejido económico de Andalucía, una oposición firme al Gobierno y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para lograr que modifique esa instrucción que ha dado a las comunidades autónomas”.

Con todo, Maíllo ha criticado esta “grave imposición del PP porque perjudica a los intereses de los andaluces”, por eso aboga por hacer un debate “mucho más amplio y con más firmeza, para conseguir el objetivo de usar la mayor parte de este dinero a inversión y no a pagar la deuda que impone el artículo 135 de la Constitución de techo de gasto”.