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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha mostrado este miércoles su deseo de llegar a un acuerdo lo antes posible con las comunidades autónomas para atender a los inmigrantes en situación administrativa irregular en los servicios de Atención Primaria, pero ha avisado de que se tiene que alcanzar “sin volver” al turismo sanitario.

Alonso se ha pronunciado así a la salida del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) donde los consejeros han cuestionado al ministro, en el turno de 'ruegos y preguntas', sobre cuándo van a ser atendidos los 'sin papeles', dado que este tema no figuraba en el orden del día.

Una de las peticiones de los consejeros socialistas ha sido la derogación del Real Decreto 16/2012, a lo que el ministro se ha negado alegando que esta normativa ha conseguido garantizar la cobertura sanitaria a toda la ciudadanía española y “cerrar” la puerta al turismo sanitario.

“No queremos volver atrás, a un sistema de auténtico descontrol. Queremos buscar el punto de equilibrio en este asunto”, ha señalado Alonso, para insistir en la intención de su departamento ministerial de volver a atender a los inmigrantes irregulares tanto en las consultas de Atención Primaria como en los hospitales.

ACUERDO ALCANZADO EL 14 DE JULIO

Precisamente, el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, ha informado de que el pasado 14 de julio presentaron a las comunidades autónomas en la Comisión de Prestaciones un documento en el que se establecían las pautas para atender a este colectivo y el cual fue ratificado por todos los allí presentes.

Este documento señalaba que para que fueran atendidos deberían tener una serie de requisitos como, por ejemplo, llevar un tiempo mínimo empadronados, ser mayor de edad, no tener condición de asegurado o beneficiario, no estar exportando el derecho de su país de origen ni existan terceros obligados al pago de la prestación de la asistencia sanitaria y no tener más de 100.000 euros de renta.

A todos ellos, se les daría sólo un documento -no una tarjeta sanitaria– que les daría derecho a ser atendidos en la comunidad que se lo facilitara y cuya validez sería de un año, aunque renovable. Sin embargo, y a pesar de contar con la aprobación de las comunidades autónomas, tanto el ministro como Moreno han reconocido que actualmente no hay un consenso.

“Estamos tranquilos porque en la práctica muchas comunidades autónomas ya están atendiendo a los inmigrantes irregulares. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y ya, o nosotros o los que vengan, deberán continuar con el mismo”, ha apostillado Alonso.

No obstante, ha advertido a los nuevos gobiernos autonómicos de que todas las normas que aprueben para garantizar esta atención no deben contravenir la legislación europea relativo al turismo sanitario, ya que podría acarrear importantes sanciones económicas.