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MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El PP ha tumbado la petición de CiU y del PNV para que el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, explique de forma extraordinaria en el Congreso “cuándo va a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la territorialización de los recursos correspondientes al 0,7% del IRPF que va destinado a entidades sociales”, durante la reunión de la Diputación Permanente.

Así, la diputada del Marta González, ha explicado que la sentencia sobre la convocatoria del 0,7% del IRPF no se ha producido todavía, sino que ha tenido lugar una relativa a las entidades del tercer sector supraautonómico, que no tiene que ver con la petición de CiU y PNV.

Además, ha defendido que se está trabajando “con intensidad” para encontrar una solución “definitiva” que no ponga en peligro las entidades supraautonómicas del tercer sector.

“Respetamos la decisión judicial, aunque no la compartimos y consideramos fundamental, al igual que las entidades del tercer sector alarmadas con esta nueva sentencia, que las convocatorias del Gobierno central se mantengan porque la supervivencia de éstas está en juego”, ha destacado.

El diputado de CDC que ha defendido ambas peticiones, Carles Campuzano, ha recordado que la sentencia establece que cuando la materia competente es de ámbito autonómico la Administración General del Estado no puede gestionar esas subvenciones.

“Den cumplimiento a toda esa doctrina constitucional recogida por el Tribunal Supremo para que los recursos del 0,7% para actividades de interés social y ambiental deben ser gestionadas por las comunidades autónomas”, ha solicitado al Grupo Popular.

Es más, ha vaticinado que, mientras el Gobierno no resuelva esta situación continuará aplicando una legislación y política “contrarias a la Constitución y a la doctrina constitucional”.

“Tendremos un problema legal e inconstitucional así como de inseguridad a las entidades del sector si el Gobierno no cumple la sentencia del Supremo”, ha señalado.

Mientras, Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, ha apoyado esta petición para “evitar la indefinición” y los conflictos competenciales que existen en la materia, cuando en el fondo se perjudica a las entidades del tercer sector.

María Luisa Carcedo, del PSOE, cree que hay que intentar lograr un consenso y una solución global para resolver ante este “permanente desencuentro” y ha rogado a algunos grupos que “eleven la mirada del asunto”, lo pongan en la realidad social y no lo limiten a unos “pruritos competenciales que sólo introducen disfunciones que hacen que la función de estas entidades” se pueda ver mermada.