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Creará un centro de recuperación de rehenes en el FBI, con contacto permanente con los familiares

WASHINGTON, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, va a cambiar la política sobre rehenes para permitir a las familias de secuestrados que paguen el rescate que les exigen los secuestradores, tras las críticas que ha recibido su administración por la muerte de varios norteamericanos a manos de milicianos de Estado Islámico.

Según informa la revista 'Foreign Policy', gracias a este cambio, las familias podrán abonar si lo desean el rescate que les exigen los secuestradores sin temor a que ese pago pueda derivar posteriormente en un proceso judicial en su contra.

Dos fuentes gubernamentales estadounidenses y varias fuentes conocedoras del cambio han confirmado el viraje que va a anunciar el mandatario y que es el resultado de la revisión de la política sobre rehenes iniciada por Washington en 2014, tras la muerte de los periodistas estadounidenses James Foley y Steven Sotloff y el cooperante Peter Kassig, ejecutados por milicianos de Estado Islámico.

Otros tres norteamericanos, el periodista Luke Somers en Yemen y los cooperantes Kayla Mueller en Siria y Warren Weinstein en la frontera entre Afganistán y Pakistán han muerto estando bajo custodia de sus secuestradores.

El cambio en la política de la Casa Blanca –que hasta ahora se ha negado a aceptar la negociación y el pago de rescate para conseguir la liberación de rehenes– incluirá la creación de un centro gubernamental de recuperación de rehenes en el FBI, en un intento por apaciguar los ánimos de las familias de secuestrados que han sido ejecutados por sus captores.

BAJA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA REVISIÓN DE LA POLÍTICA

Personas conocedoras de la política sobre rehenes han indicado que solo 24 de las 82 familias con las que ha contactado el Gobierno de Estados Unidos han aceptado participar en la revisión de este tema, lo que pone de manifiesto la falta de confianza entre ambos bandos.

Un portavoz de la familia Weinstein ha afirmado que “comprensible” que las familias que tienen familiares secuestrados sean “escépticas” con la revisión de la política que mantiene Washington. El Ejecutivo norteamericano informará a las familias sobre sus planes este mismo martes, antes de anunciar públicamente sus intenciones.

La administración que preside Obama reiterará que no negociará ni pagará rescates a grupos terroristas, manteniendo su denominada política “sin concesiones”, que lleva en vigor varias décadas y que se diferencia claramente de la que tienen los países europeos.

Según 'Foreign Policy', aliados clave de Estados Unidos como Alemania, Italia y España “admiten” que pagan rescate a los terroristas para lograr la liberación de sus rehenes. “Estados Unidos, por contra, cree que el pago de rescate animará a los secuestradores a secuestrar a más estadounidenses”, ha indicado.

El nuevo centro de recuperación de rehenes del FBI incluirá funcionarios del Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, la comunidad de Inteligencia y altos cargos del Gobierno para coordinar los esfuerzos para el rescate de los capturados. La nueva unidad también comprenderá un equipo encargado de mantener el contacto con las familias de los estadounidenses desaparecidos, que se han quejado en muchas ocasiones de que no se les informa de lo que se está haciendo para intentar traer a los suyos a casa.

El cambio más importante de toda la revisión de la política sobre rehenes será la garantía que se dará a las familias de que no se les procesará por pagar el rescate. Por tanto, ya no podrán ser procesadas en virtud de la legislación sobre financiación del terrorismo. Esta cuestión estuvo en el centro de la polémica en septiembre de 2014, cuando la familia del periodista James Foley acusó al Gobierno de amenazarles con procesarles si pagaban el rescate por el reportero.

Una fuente gubernamental ha explicado que la Casa Blanca no cambiará la legislación sobre financiación del terrorismo sino que anunciará públicamente y en privado que el Departamento de Justicia no procesará a las familias que paguen rescates para lograr la liberación de sus familiares cautivos.