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La Audiencia Provincial no ve una conexión “clara” entre el nuevo procedimiento y los instruido por el juez Andreu

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido dejar en manos del Juzgado de Instrucción 31 de la capital la causa en la que se investiga al exvicepresidente económico Rodrigo Rato, al considerar que no existe peligro de que oculte su patrimonio para evitar abonar las fianzas por responsabilidad civil impuestas por la Audiencia Nacional porque estas “ya han sido satisfechas”.

En un auto hecho público este martes la Audiencia Provincial concreta que la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid apuntaba que Rato estaba llevando a cabo “actos” para evitar hacer frente al pago de las fianza impuesta en los procedimientos que investigan la fusión y salida a Bolsa de Bankia y el uso de tarjetas de crédito opacas al fisco por parte de directivos de este banco y de Caja Madrid.

No obstante –concreta el auto– las responsabilidades pecuniarias en esas causas han quedado cubiertas de momento ya que “en la primera se ha depositado una fianza de 800 millones de euros y en la segunda Rato ha depositado tres millones. “El argumento ya no se sostiene”, agrega la Audiencia Provincial. La Audiencia Nacional rebajó después la caución de 800 a 34 millones por responsabilidad civil impuesta a Bankia, su matriz, el Banco Financiera y de Ahorros (BFA), y cuatro antiguos miembros de su cúpula, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato.

ELUDIR EL PAGO DE IMPUESTOS

El auto refleja, además, que la denuncia de la Fiscalía de Madrid describe “unas operaciones financieras en las que, presuntamente se ha eludido el pago de impuestos” y se dirige contra una segunda persona, cuya identidad no facilita.

En opinión de los cuatro magistrados de la Sección 23 “no aparece con claridad”, en este punto, la conexión entre estos delitos y los ya investigados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El juez madrileño podrá volver a inhibirse en un futuro si aprecia la comisión de algún delito que sea competencia de la Audiencia Nacional.

Así, será el juez Antonio Serrano-Artal el encargado de continuar con la instrucción que recayó en sus manos el pasado 17 de abril. El magistrado madrileño decidió inhibirse a favor del juez Andreu y la Fiscalía Anticorrupción se opuso a su iniciativa al considerar que si la causa fuera remitida a la Audiencia Nacional podría crearse “un procedimiento inmanejable y carente de eficacia”.