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“El Estado no garantiza como es su obligación la salud e integridad de las personas internadas en los CIE”, dice Pueblos Unidos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Pueblos Unidos denuncia que las expulsiones exprés de inmigrantes, las que ejecuta la policía desde las comisarías durante las 72 horas en que puede estar detenida una persona, se están produciendo a partir de “engaños”, sin que esté garantizado el derecho a la asistencia letrada y sobre personas sin antecedentes penales que están “profundamente” arraigadas en España.

Esta es una de las conclusiones del informe anual de la organización presentado este miércoles por el coordinador del Servicio Jesuíta a Migrantes (SJM), Miguel Gónzalez; el coordinador jurídico de Pueblos Unidos para los CIE, José María Trillo Figueroa; el coordinador de visitas a estos centros, Ángel Campos; y la responsable de Incidencia del SJM, Cristina Manzanedo; en la sede del Defensor del Pueblo.

En total, en 2013 fueron expulsadas de España 6.462 personas desde los calabozos de las comisarías frente a las 4.726 que salieron desde los CIE. La organización recuerda que no es una práctica ilegal, porque la policía ejecuta órdenes de expulsión firmadas por la Delegación del Gobierno correspondiente, el problema es cuando han pasado años desde que se dictaron, cuando se ejecutan sin abogado o cuando para lograrlo, los agentes engañan a los extranjeros.

Sobre el primer asunto, Trillo-Figueroa expone que “no se valoran las circunstancias particulares de la persona”, que pueden haber cambiado mucho desde que se dictó la orden de expulsión, de forma que se expulsa “a personas con un enorme arraigo en España” y cuyo única falta es que no tienen permiso de residencia, ya que si tuvieran un procedimiento penal en marcha habría de autorizarlo un juez, lo que lleva más de 72 horas.

Esto es lo que le ocurrió a Miriam, una mujer asistida por Pueblos Unidos que ha ofrecido su testimonio. Su hijo de 18 años fue detenido a la puerta del instituto y expulsado en avión en menos de 40 horas. Llegó a España a los 15 años, ni siquiera sabía a dónde se suponía que debía regresar. Su madre y su hermana, residentes legales, están en fase de obtención de la nacionalidad española. Él tenía cita una semana después para regularizar su situación, pero como ha señalado Manzanedo, nada de esto se tuvo en cuenta.

“No me iban a avisar de la expulsión. Mi hijo lloró y suplicó que me avisaran. No se acordaba ni de cómo llegar hasta la casa de allá, no tenía dinero. Nos avisaron ya desde el aeropuerto. A las diez de la mañana me llamaron y a las doce salió. Nos dimos cuenta de que realmente había salido a las ocho de la tarde”, explica. Denuncia que el juez de guardia no quiso recibirla. Quedó separada de su hijo “en 40 horas y sin posibilidad de alegato”.

VUELOS DE DEPORTACIÓN, EXPULSIONES EXPRÉS

No obstante, no en todos los casos son detenciones en la calle de personas sin papeles. “Constatamos la utilización ocasional de reclamos y engaños por parte de la Policía para proceder a la detención de las personas”, explica el informe, que habla de “artimañas”. Sus promotores refieren que los extranjeros son llamados a comparecer para “gestiones de su interés” y acaban en el calabozo para ser expulsados horas después, “incluso aunque vayan con su abogado”, como ha señalado Campos.

Vinculan esta práctica a los vuelos de deportación y afirman que cada vez que va a fletarse uno, abundan las detenciones para expulsión exprés de personas de esa nacionalidad. “Es más barato y más eficaz (que el internamiento en CIE) porque en base de datos tú sabes a quién tienes que ir a buscar, y es más invisible porque se produce en horas y sin intervención judicial”, señala Manzanedo.

En cuanto a la falta de abogado, Pueblos Unidos dice que “en muchas zonas de España no existe asistencia letrada durante la detención, lo que genera una evidente indefensión”, como apuntó la Defensora del Pueblo con una recomendación sobre este asunto en su último informe anual. “A día de hoy sólo tenemos constancia de la existencia de asistencia letrada en las expulsiones exprés en Madrid y en Baleares”, dice la ONG.

Trillo afirma que en Valencia y Bilbao se han registrado casos donde a los detenidos “ni siquiera les han dado la oportunidad de llamar a un abogado ni a su familia” e incide en que “tiene que haber alguien que sepa que esa persona ha sido detenida y que va a ser expulsada” de modo que pueda ejercer su derecho a recurrir, aunque para ello sólo disponga de 72 horas o menos.

EN LOS CIE, COMO SI NO HUBIERA REGLAMENTO

Manzanedo incide en que las expulsiones exprés “son una mala alternativa al internamiento” y explica que se están consolidando “en paralelo” a la existencia de los CIE, que “no van a desaparecer” y que según dice el informe, mantienen un modelo policial que no se ajusta a la mayor cantidad de internos sin antecedentes (el 43% en 2014), sin que se hayan garantizado los servicios sanitarios, sociales y jurídicos que el reglamento establecía. “Poco o nada ha cambiado”, afirma.

La organización ha realizado junto a Migra Studium 1.361 visitas en los CIE de Madrid y Barcelona a 368 internos el año pasado, menos de la mitad de los cuales fueron expulsados. En ambos casos, encontraron “personas en extrema vulnerabilidad con fuerte arraigo en España (el 78% llevaba más de 4 años), personas con hijos (56 internos) y muchas solicitantes de asilo (un 10% de los visitados)”, como ha explicado Trillo.

“Las instalaciones están anticuadas, obsoletas, mal mantenidas, son inseguras y no se ajustan a lo que estableció hace un año el reglamento”, ha añadido Campos, que habla de situación generalizada, con “piojos en el CIE de Barcelona, chinches en el de Valencia, sarna en el de Madrid” y un centro en Algeciras del que Fiscalía ha pedido el cierre. “El Estado no garantiza como es su obligación la salud e integridad de las personas internadas”, denuncia.

El informe explica que si bien se mantiene la tendencia decreciente de internamientos (11.325 en 2012 frente a 7.286 en 2014) en línea con la caída de la inmigración, los internos que acaban en libertad son ya el 53,9%, lo que refleja “que se sigue abusando del internamiento” y que los centros son “ineficaces”, por lo que cuestionan la decisión del Gobierno de crear tres más.

Reclaman, entre otras medidas, instrucciones claras para la aplicación del Reglamento en todos los CIE y que se cumplan sus previsiones de garantizar asistencia sanitaria, social y jurídica. Asimismo, piden que se acaten las indicaciones ya emitidas por la Policía que marcan tener en cuenta las circunstancias de una persona antes de internarla y que se amplíe este criterio a todos los fiscales, a fin de que no resulte recluído quien no pueda o no deba ser expulsado.