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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Unión, Progreso y Democracia quiere que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, comparezcan juntos ante la Comisión de Justicia del Congreso para que aclaren, en una especie de 'careo' parlamentario, si el Ministerio de Hacienda “puenteó” a la Fiscalía Anticorrupción con su decisión de judicializar la investigación fiscal sobre el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a través de la Fiscalía Provincial de Madrid y no de Anticorrupción.

En concreto, según la solicitud registrada por la formación magenta, recogida por Europa Press, reclaman la presencia de Montoro y Madrigal para que expliquen “cuál fue la coordinación de los agentes de Aduanas, dependientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y las fiscalías del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción en los registros relativos a Rodrigo Rato, en caso de que haya existido dicha coordinación”.

Además, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha registrado varias preguntas escritas al Gobierno sobre esta misma cuestión a raíz de las informaciones que apuntan que los registros llevados a cabo el jueves en el domicilio y el despacho de Rato por parte de Vigilancia Aduanera, se llevaron a cabo a espaldas de la Fiscalía Anticorrupción.

Díez cree que el Ministerio de Hacienda pudo haber “puenteado” a la fiscal general del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción al dirigirse directamente a la Fiscalía provincial de Madrid para judicializar el caso, máxime teniendo en cuenta que la Fiscalía Anticorrupción “posee mayor conocimiento de las actividades” de Rato al ser parte en la investigación del 'caso Bankia'.

¿POR QUÉ ADUANAS Y NO LA UCO O LA UDEF?

En este contexto, destaca que Vigilancia Aduanera, cuyos agentes se encargaron de los registros en las propiedades de Rato, es una unidad que en “escasas ocasiones actúa en operaciones relativas a corrupción” porque lo habitual es que lo hagan la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

Por todo ello, Díez quiere que el Gobierno le aclare si comunicó Hacienda a la Fiscalía General del Estado, y más concretamente a la Fiscalía Anticorrupción, la información relativa a los delitos que se imputan al expresidente de Bankia y, en caso de que la contestación sea negativa quiere saber los motivos.

También reclama información sobre la causa por la que el ministerio judicializó el caso a través de la Fiscalía provincial de Madrid, cuando la Fiscalía Anticorrupción posee mayor conocimiento sobre las actividades de Rato, si tenía constancia el Ministerio del Interior de la operación de registro y, en caso de que lo tuviera, pregunta por qué las Unidades de Intervención Policial llegaron a su domicilio “dos horas” después de iniciarse el registro.

“¿Considera el Gobierno que es “implacable con la corrupción” cuando en otros casos como el de Bankia, y a través del FROB, ha solicitado el archivo y sobreseimiento de consejeros imputados por las 'tarjetas black'?”, reza la última pregunta registrada por Rosa Díez.