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La oposición critica una oferta “insuficiente” que sólo beneficia a la Administración central y no a comunidades y ayuntamientos

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este jueves que las actuales plantillas públicas son “adecuadas” para prestar los servicios que tienen encomendados, por lo que descarta nuevos recortes de personal, aunque sí reconoce que hay algunos sectores que necesitan ser “reforzados”.

Así se ha pronunciado durante el debate de convalidación del decreto ley por el que se autoriza la convocatoria de 7.416 nuevas plazas públicas y 3.834 promociones internas este año en el Pleno del Congreso.

Montoro ha enmarcado los recortes “drásticos” acometidos desde el inicio de la legislatura en la “imprescindible política de contención del gasto público” orientada a reducir “decididamente” tanto el “elevado” déficit como unas plantillas de funcionarios que “paradójicamente” habían aumentado “más allá de lo necesario” durante “los años más duros de la crisis” con el Gobierno del PSOE mientras el paro en el sector privado crecía “exponencialmente”.

“Ésa es, sin duda, la política que hay que hacer en momentos de grave crisis, especialmente cuando se da un rápido crecimiento del déficit público por un acusado descenso de los ingresos junto con un elevado incremento del gasto”, ha apostillado, subrayando que los “ajustes severos” del gasto público han sido “uno de los principales factores de la recuperación” económica.

NUEVO ESCENARIO ECONÓMICO

Así, aunque actualmente las plantillas de funcionarios están en “niveles adecuados” para “prestar con garantías” sus servicios y “no hará falta nuevas reducciones” de personal, Montoro ve conveniente “evaluar los sectores que hay que reforzar para mantener y mejorar la calidad de los servicios”.

Un proceso que se puede realizar gracias al “nuevo escenario económico” en el que se encuentra el país, lo que permite convocar un 340% más de plazas públicas nuevas y un 79% más de promociones internas, lo que convierte a esta oferta pública de empleo en la “más amplia” de la legislatura aunque “no se abandone la filosofía de control del gasto” porque “aún queda por delante un largo camino de consolidación fiscal”.

Finalmente, Montoro ha subrayado que “buena parte” de las nuevas incorporaciones se destinarán a tareas de prevención y lucha contra el fraude y otros delitos –254 nuevas plazas en la Agencia Tributaria y 40 en la Intervención General del Estado y 150 plazas en la Inspección de la Seguridad Social–, junto con el refuerzo de las plantillas municipales con hasta 200 nuevos funcionarios con habilitación de carácter nacional y 160 plazas de secretarios judiciales.

RECTIFICACIÓN INSUFICIENTE

Para la socialista Susana Sumelzo este decreto sólo supone una “nueva rectificación parcial e insuficiente” en “una de las políticas más duras” del Gobierno, así como el “reconocimiento implícito” de que las medidas de empleo público “estaban equivocadas y fueron un error”, tanto en el recorte de personal como de derechos.

No obstante, cree que el decreto “desprende un indisimulable tufo electoralista”. “Se les nota la desesperación de lo que se les viene encima. Pero una política sostenida en el tiempo no se solventa con parches para intentar salvar la cara antes de las elecciones. El daño está ya hecho, y los ciudadanos no van a olvidar las graves lesiones en la cohesión social que siguen padeciendo”, ha advertido.

Además, ha recordado que las nuevas plazas no suponen un aumento neto de efectivos ni compensan la destrucción de empleo público de la legislatura, que ha afectado a servicios esenciales como la sanidad o la educación, ya que “no hubo un recorte selectivo” sino que se “echó mano de la tijera indiscriminadamente, sin importar los servicios o personas afectados”. Por eso, ha reclamado una oferta “más amplia” y que beneficie también a esos servicios.

PLANTAR EN EL BOSQUE DEFORESTADO

El portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha usado el turno en contra para reconocer a Montoro su “habilidad para mover de manera constante y veloz los cubiletes” y tratar de convencer de que, “después de haber deforestado una parte importante del empleo público”, merece ser “aclamado como el gran defensor de los bosques” por proponer “plantar unos cientos de pinos”.

Una política de “recortes significativos” en las plantillas públicas que no sólo han afectado a la Administración central, sino también a comunidades y ayuntamientos mediante una “asfixia” presupuestaria y normativa con una “clara voluntad de reestructurar la distribución competencial”.

También ha criticado que los recortes se aplicaran “con la motosierra del leñador, sin seleccionar objetivos” y con la vista puesta únicamente en conseguir un “estado mínimo” de servicios “deteriorados” para allanar el camino al “negocio privado”.

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha coincidido en que “sólo se repone parte” de los recursos que hacen falta tras haber aplicado durante tres años “una política equivocada”. “Y piden que les felicitemos, pero nosotros sólo vemos que este decreto se ha anunciado unos días antes de las elecciones andaluzas”, ha recordado.

A renglón seguido, ha acusado de falta de rigor presupuestario al ministro Montoro, que “año tras año” presenta unos Presupuestos que “se quedan anticuados incluso antes de empezar a ejecutarse”, y ha lamentado que el incremento de plazas en la Administración local o en la Justicia no vaya acompañado de una “verdadera reforma” de estos ámbitos para hacerlos “mucho más eficaces”.

¿Y LAS COMUNIDADES QUÉ?

María Carme Sayós, de CiU, ha reprochado que de nuevo se presente a convalidación un decreto que, además, consigue sólo un “cinco pelado”, ya que casi la mitad de las nuevas plazas que se convocan van a “reforzar la burocracia ministerial”, y no a luchar contra el fraude o a reforzar la Justicia o a cubrir “necesidades de interés público” o los servicios esenciales para los ciudadanos.

Servicios que, como la sanidad o la educación, prestan fundamentalmente las comunidades autónomas, que no sólo no se ven beneficiados por las mejoras recaudatorias y sufren la “mayor presión de contención del gasto”, sino que además ven cómo la Administración central “abusa de su posición de dominio”.

“La Administración General del Estado no está por encima de las otras administraciones, no puede ejercer una posición de dominio. Así lo establece la Constitución”, ha recordado, añadiendo que los nacionalistas catalanes no podrían apoyar “de ninguna manera” una convocatoria de plazas públicas que “pretendiera disminuir o maquillar los índices de paro”.

En la misma línea, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ve un “doble rasero” en la política de persona público, con un Gobierno que, “usando la disculpa de la crisis y aplicando a machamartillo una política de austeridad y recortes que ha fracasado estrepitosamente en Europa, limita en exceso el número de trabajadores públicos”, sobre todo a las comunidades, con lo que sufren particularmente los servicios más esenciales para los ciudadanos.

“Se les ha ido la mano”, ha insistido, acusando al Ejecutivo de buscar únicamente “recentralizar” competencias y “dar marcha atrás en un estado autonómico que no les gusta”. “Les aprieta el callo en sus ámbitos competenciales y se quitan el zapato para aliviarse. Pero otras administraciones tiene un callo más grande que les duele más”, ha añadido, reclamando libertad para los gobiernos regionales para fijar sus plantillas y gestionar sus políticas.

Finalmente, la 'popular' Carmen Álvarez-Arenas ha tachado de “oportuno” el decreto y ha explicado que lo que se pretende es “sanear el monte, reforestar con nuevos pinos y mantener vivo el bosque y evitar su ruina y desaparición”.