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NUEVA DELHI, 13 (Reuters/EP)

Las víctimas de ataques con ácido en India tienen mejores expectativas de salud y calidad de vida tras una sentencia judicial que les concede tratamiento médico gratuito e indemnizaciones mínimas de 300.000 rupias (unos 4.500 euros).

Rupa Saa tenía solo 15 años cuando su madrastra roció su cara con ácido mientras dormía, quemando su piel y derritiéndole las mejillas, la nariz, la boca y la barbilla. El ataque fue sólo el principio de su sufrimiento. Como muchas de las víctimas del ácido en India, fue apartada a causa de su desfiguración y tuvo dificultades para pagar las múltiples operaciones de reconstrucción que necesitó. Esto la dejó abatida y con pocas ganas de vivir.

“El ataque con ácido me devastó. No quería seguir viviendo. Mi vida se hizo añicos. No puedo describir el dolor y el sufrimiento por los que he pasado”, ha contado Saa, que ahora tiene 22 años, desde Agra, a unos 200 kilómetros al sur de Nueva Delhi. “Es una buena sentencia. Aunque la cuantía de indemnización es muy baja, esta decisión judicial nos va a dar una vida y un futuro mejores”, ha valorado.

Los ataques con ácido para mutilar, desfigurar o cegar a personas ocurren en muchos países, aunque son especialmente comunes en Camboya, Bangladesh, Pakistán, Afganistán e India. Según el Ministerio indio del Interior, el número de ataques con ácido denunciados se ha disparado. De 66 casos en 2013 se pasó a 309 el año pasado.

La mayoría de las víctimas no reciben ninguna ayuda médica o económica, y sufren daños físicos y mentales durante años. Muchas son mujeres que habían rechazado proposiciones sexuales o matrimoniales.

“La falta de rehabilitación es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los supervivientes”, ha afirmado un miembro del grupo de campaña Stop Acid Attacks, Alok Dixit. “La mayoría de las víctimas vienen de familias pobres, por lo que no pueden permitirse el tratamiento médico completo y obtienen solo lo básico. Otros venden todas sus pertenencias para pagar esas operaciones y acaban endeudados”, ha explicado.

SUEÑOS DESTROZADOS

Rupa Saa era una estudiante brillante que vivía en la ciudad de Muzaffarnagar, en el estado de Uttar Pradesh. Tenía grandes sueños antes de la noche de agosto de 2008 en la que fue atacada por su madrastra, que según ella no quería que se quedara en casa. “Mi cuerpo entero estaba ardiendo. Pedí ayuda a gritos. No veía nada. Fue realmente horroroso para mí. Pensé que podía morirme”, ha relatado.

Su padre rechazó ayudarla y se puso del lado de su madrastra, que fue detenida y pasó 18 meses en prisión. Con los años, su tío, que es barbero, la ha apoyado, pero se ha endeudado por las múltiples operaciones que Saa ha necesitado y que le han costado más de 400.000 rupias (unos 6.000 euros). Con ayuda de Stop Acid Attacks, recibió algo de formación profesional y más fondos para su tratamiento. Ahora trabaja como diseñadora en una pequeña tienda de moda en Agra.

En abril de 2013, India tipificó los ataques con ácido como delitos, y estableció que se proporcione atención médica e indemnizaciones a las víctimas, pero no especificó el tipo de tratamiento o la cuantía de las ayudas. Los abogados que defienden a las víctimas han asegurado que esto dejó lagunas en la legislación y facilitó que los hospitales prestaran solo la atención básica.

“La sentencia establece que ningún hospital privado puede rechazar un tratamiento gratuito a una víctima de un ataque con ácido”, explicó Aparna Bhat, abogada representante de víctimas que buscan una mejor rehabilitación, a la cadena de televisión NDTV, tras la decisión judicial del viernes. “Esto no se refiere sólo a primeros auxilios, sino que los hospitales se deben hacer cargo de toda la cirujía necesaria, el alojamiento y los medicamentos”, señaló.

La sentencia también obliga a las autoridades del estado a tomar medidas contra cualquier hospital que rechace a víctimas. Bhat explicó que el tribunal también se reafirmó en una orden que requiere una licencia para poder comprar ácido y obliga a los vendedores a registrar las ventas.

Muchos activistas consideran que el Gobierno debe hacer más para regular la venta de líquidos de limpieza del hogar de producción local, que contienen ácidos altamente concentrados y que se pueden encontrar fácilmente y por poco dinero en mercados por todo el país. Aseguran que el ácido se usa como arma, y reclaman una ley específica para regular la compraventa de productos químicos que incluyan ácido clorídrico puro o ácido sulfúrico.