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La diputada nacional del PSOE por la provincia de Toledo, Guadalupe Martín, ha pedido tanto a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, como al consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, que informen de “manera urgente” sobre cómo van a reponer el daño provocado a los dependientes, a los que revisaron a la baja sus prestaciones, y de cuánto va a costar esa reposición de derechos.

De este modo ha reaccionado Martín después de que este jueves se conociese que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declaraba nula de pleno derecho la orden del Gobierno regional de junio de 2013 en la que se establecían nuevas cuantías de las prestaciones por dependencia.

La diputada toledana ha pedido responsabilidades a Cospedal y Echániz, y les ha exigido que den cuenta de cuántos dependientes se van a ver afectados por esta sentencia y en qué grado les van a reponer sus derechos “cercenados” por su acción de gobierno.

Tras advertir de que una vez el Ejecutivo 'popular' ha asumido que “ha metido la pata, intentará rectificar al estilo de Cospedal, con una nueva norma que siga siendo lesiva para los dependientes”, ha mandando un mensaje de tranquilidad a todos los dependientes de la región y a sus familiares asegurándoles que si Emiliano García-Page alcanza la Presidencia de la Junta de Comunidades el 24 de mayo repondrá todos los derechos a este colectivo al que Cospedal “ya ha machacado bastante”.

“Un mínimo de humildad”

A juicio de Martín, si la presidenta regional “tuviera un mínimo de humildad” reconocería que lo ha hecho “muy mal”, que ha cometido “gravísimas irregularidades” y repondría de “manera inmediata y de oficio”, sin que le obligue una sentencia, los derechos que este colectivo tiene reconocidos por ley.

Y es que según ella, esta sentencia afecta a los dependientes a los que se les revisó de manera sorpresiva y a la baja su grado dependencia, a los que se les impuso un servicio que no habían elegido y que no podían costear para retirarles a sus cuidadores, así como a los 9.200 cuidadores familiares a los que les han quitado la prestación.

De igual modo, según ha añadido, los familiares de los cerca de 5.000 fallecidos a los que se les negó el derecho de poder percibir esa prestación, y los dependientes que no se les ha reconocido su derecho a recibir ayuda a domicilio o plaza en un centro de día, justificando “incumpatibilidades peregrinas”, también se verán beneficiados de la decisión del Alto Tribunal.

A preguntas de los medios, Martín ha defendido que todos los decretos y ordenes que aprobaba el Gobierno de José María Barreda eran sometidos a dictamen del Consejo Consultivo, después de que el Ejecutivo 'popular' esgrimiese que esa orden de junio de 2013 no paso por este trámite porque así lo hacía el anterior Gobierno.

“Si saben de alguna orden en concreto que no fue remitida al Consejo Consultivo que lo digan”, ha invitado la parlamentaria socialista a los 'populares', insistiendo después en que tal y como establece la sentencia del TSJCM el dictamen del Consejo Consultivo es preceptivo.

Palabras “ofensivas”

En otro orden de cosas, ha valorado las palabras del portavoz del Ejecutivo regional, que alertó de que si acatan la sentencia del Alto Tribunal muchos dependientes se pueden quedar sin prestación, unas palabras que ha tildado de “ofensivas”.

“No puede decir que el incumplimiento de una norma supone desatención, Con su orden si que lo han hecho y el TSJCM ha dicho que no sirve. Son Cospedal y su Gobierno quienes se ha empeñado en maltratar a los dependientes”, ha condenado.

La diputada toledana ha querido felicitar a la Plataforma por la Dependencia “porque con su pelea diaria ha logrado que tribunales pongan en su sitio a un gobierno sin alma cuyas decisiones han agredido a los dependientes”.

Fichero del SESCAM

Por último, Martín ha alertado de que detrás de la decisión del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) de suprimir ficheros con datos personales de usuarios se esconde la “obsesión del Gobierno del PP de ser poco transparente y de que todos los datos sean opacos” y ha anunciado que el PSOE estudiará esta decisión.

La diputada socialista se ha referido de este modo a la Orden que publica este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales por la que se crea, modifica y suprime ficheros de datos para su “reestructuración”, entre ellos los de los pacientes que han sido derivados a centros concertados o los de las listas de espera.

Tras precisar que algunos de estos ficheros no son públicos, ha defendido que los pacientes y los ciudadanos en general han de tener acceso a esa información.

Por ello, la diputada toledana ha dicho que su partido va a estudiar “detenidamente” esa Orden “para ver hasta donde llega la obsesión por ocultar del Gobierno de Cospedal”, ha concluido.