martes, 29 septiembre 2020 4:12

Los 16 detenidos por la UCO podrían haber incurrido en delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

Las 16 personas detenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Barrado' por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya, caso que está bajo secreto parcial de sumario, podrían haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado de que, de las 16 detenciones efectuadas durante la mañana de este martes en las ocho provincias andaluzas, tres se han practicado en Sevilla, otras tres en Málaga, dos en Córdoba, Cádiz, Huelva y Almería, y una en las provincias de Jaén y Granada.

Entre los detenidos figuran una decena de altos cargos o exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los actuales delegados provinciales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente, quienes han sido apartados de sus funciones este mismo martes.

En el marco de esta operación que se desarrolla de manera simultánea en todas las provincias andaluzas, los agentes de la Guardia Civil han detenido también a la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

En este sentido, y en la provincia de Córdoba, ha sido detenida la también exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta y exconcejal en el Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Lucena María José Lara.

Según ha informado el Instituto Armado, hasta cuatro de las personas detenidas han estado al frente de direcciones generales dentro del mismo Servicio Andaluz de Empleo.

DETENIDOS SIETE EXDELEGADOS PROVINCIALES DE EMPLEO

También hay detenidos siete exdelegados provinciales de Empleo, como son el de Sevilla, Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el exdelegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza; el de Málaga, Juan Carlos Lomeña; el de Córdoba, Antonio Fernández, y las exdelegadas de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda, Jaén, Irene Sabalete, y Granada, Marina Martín Jiménez, que actualmente es directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí.

En Málaga, y además de al exdelegado provincial de Empleo, la Guardia Civil ha detenido al exdirector gerente y a la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, donde se han realizado dos registros, mientras que en la provincia de Huelva ha sido detenido también el exdirector gerente del consorcio Formades.

La Guardia Civil ha indicado que, en el desarrollo de esta operación, se procederá a las imputaciones de otras personas vinculadas a la gestión de estos fondos de formación –se prevé que sean cinco las imputaciones–. Los detenidos pasarán a disposición judicial una vez se practiquen las diligencias policiales pertinentes, lo que podría ocurrir a partir de esta misma tarde.

EL CASO, BAJO SECRETO PARCIAL

En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la “gravedad” de los hechos y tras detectar distintas “bolsas de fraude” que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

Así, el secreto afecta a la investigación sobre la “existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación” y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, “y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración”.

En segundo lugar, la instructora aludía a la “existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento”, lo que también fue declarado secreto.

En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, “se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución”.

EL SAE

Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las “distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma”.

En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero “se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación”, señalando que “del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando”.

En este sentido, indica que, “analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes”.

Todo ello “atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba”.