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MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Las ONGs de conservación marina EJF, Oceana, Pew y WWF han celebrado el inicio de una macro-operación contra empresas españolas por su presunta implicación en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), porque demuestra que la fortaleza de la nueva legislación pesquera de la UE para frenar esta práctica.

En un comunicado conjunto acogen favorablemente esta decisión de España porque supone un paso importante hacia la erradicación de esta plaga global. De este modo, destacan que la operación 'Sparrow' podría derivar en la imposición de “sanciones históricas” impuestas a ciudadanos y empresas españolas por el hecho de estar involucrados en actividades de pesca ilegal.

“Este caso es el primero de su naturaleza desde que España adoptó su nueva ley de pesca a principios de año”, apuntan. Esta ley permite a las autoridades españolas sancionar a ciudadanos españoles que hayan tenido una participación, también de carácter económico, en operaciones de pesca ilegal independientemente de dónde se produzcan éstas.

Las empresas inspeccionadas en La Coruña dentro de la macro-operación “Sparrow” están presuntamente vinculadas a buques de pesca pirata activos en aguas antárticas de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA, o CCAMLR en sus siglas en inglés). El pasado mes de enero, Nueva Zelanda identificó buques pescando ilegalmente merluza negra en el océano Austral y apuntaban a una supuesta vinculación con empresas españolas.

La directora de campañas de Pesca de Oceana Europa, María José Cornax, ha celebrado las medidas aplicadas por España para “acabar definitivamente” con la “participación histórica” de algunos operadores españoles en actividades de pesca INDNR realizadas en todo el planeta.

“Los Estados miembros de la Unión Europea están demostrando que su compromiso con la erradicación de la pesca ilegal no se limita al mercado de la UE y que consideran que ningún ciudadano de la UE debería beneficiarse de dichas operaciones ilegales, independientemente del lugar del mundo en el que se lleven a cabo”, ha señalado.

Por su parte, el director del proyecto 'Ending illegal fishing' de Pew, Anthony Long, ha valorado que eficacia de cualquier legislación está directamente vinculada a la voluntad que exista de aplicarla y de velar por su cumplimiento. Por ello, considera que con el inicio de este procedimiento, el Gobierno español está “demostrando la fuerza y el potencial que tiene la legislación de la Unión Europea diseñada para combatir la lacra que supone la pesca ilegal”.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) agota las poblaciones de peces, daña los ecosistemas marinos, coloca en una situación injusta de desventaja a los pescadores que trabajan dentro del marco de la legalidad y hace peligrar el sustento de algunas de las comunidades más vulnerables del planeta.

Se estima que la pesca INDNR puede llegar a costar a las economías mundiales hasta 19.000 millones de euros cada año, lo cual equivale a 26 millones de toneladas de pescado capturado.