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CÁDIZ, 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Rota (Cádiz), Eva Corrales (PP), ha asegurado este lunes que hasta la apertura del procedimiento del 'caso Horas Extra' ignoraba que estuviera prohibido encargar un contrato de suministro a un funcionario municipal. Sostiene que era el personal de las delegaciones de Fiestas y de Relaciones Institucionales –de las que estuvo al frente entre junio de 2003 y noviembre de 2010– el que hacía las propuestas que ella firmaba como delegada y llevaba a la Junta de Gobierno Local, destacando que no ha “dudado nunca de ningún técnico municipal”.

Así lo ha manifestado Corrales durante la primera sesión del juicio por el 'caso Horas Extra', que sienta en el banquillo a la alcaldesa, al anterior alcalde y actual primer teniente de alcalde de Roteños Unidos (RRUU), Lorenzo Sánchez, al exedil del PP Ismael Puyana y a otras seis personas más, entre técnicos, funcionarios municipales y la mujer de uno de ellos.

El juicio, que se celebra en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, trata sobre la presunta adjudicación irregular de contratos de suministro a un funcionario del Ayuntamiento y a su esposa entre 2004 y 2010 para la elaboración de trabajos de bordado para las bandas de Sirenas, Ninfas del Carnaval y Damas de las Fiestas Patronales, así como otros elementos ornamentales como peones, dalmáticas y los trajes de los maceros.

Los contratos fueron abonados mediante facturas a nombre de la mujer del funcionario hasta 2007, comenzando entonces a abonarse bajo la fórmula de supuestas gratificaciones por servicios extraordinarios.

El juicio oral ha comenzado tras rechazar el tribunal la petición de nulidad formulada por la defensa de los acusados, que ha argumentado que la investigación iniciada por la Fiscalía tuvo su origen en una denuncia –formulada por IU– tras recibir unos datos de carácter económico y personales por parte de una fuente anónima. A juicio de la defensa, esto podría haber vulnerado los derechos fundamentales de los acusados, su “intimidad económica” y la Ley de Protección de Datos.

A preguntas del fiscal, Corrales ha manifestado que ella no contrataba “directamente” con el funcionario Manuel G. –también imputado en el procedimiento–, sino que se limitaba a seguir las instrucciones del personal, que “siempre” había encargado dichos trabajos a esta persona.

Comenta que, por ello, no se lo cuestionó y “siempre” lo ha visto “con la mayor naturalidad del mundo”. Ha dejado claro que no tenía ninguna vinculación con el funcionario y que “no intervenía en el pago”, sino “únicamente en la propuesta”.

Dice que no sabía que las facturas iban en un primer momento a nombre de la mujer de Manuel G. y que el cambio al abono mediante gratificaciones por horas extraordinarias se produjo “a iniciativa del funcionario”, sin que contara con informe desfavorable de Personal o Intervención, por lo que no lo puso en duda.

Preguntada por cómo se fijaban los precios, señala que no lo recuerda. Explica que cuando le pasaban la propuesta consideraba que el precio era “razonable” y en ningún caso “exagerado”, pese a que ha reconocido que no se pidieron otros presupuestos para poder hacer una comparación.

Ha insistido en que siempre firmaba “por trabajo realizado” y en que “no intervenía en el pago”. También ha comentado que no sabía el lugar en el que Manuel G. realizaba estos trabajos, pero sí que lo hacía “fuera de la jornada laboral”.

PROCEDIMIENTO “CORRECTO ENTONCES Y AHORA”

Por su parte, Lorenzo Sánchez –alcalde en el momento de los hechos investigados– ha considerado que “era correcto entonces y también ahora” contratar con el funcionario. Dice que “todo el Ayuntamiento sabía” que era Manolo G. quien hacía ese tipo de trabajos, aunque ha negado que conociese que las facturas estuvieran en un primer momento a nombre de su mujer.

En cuanto al cambio del sistema de pago por el de gratificaciones por horas extra, asegura que se enteró cuando fue llamado a declarar ante la Guardia Civil. Argumenta que se trata de una “cuestión administrativa, de trámite”, de la que no se ocupaba como alcalde, puesto que entiende que competía a la Intervención.

Sostiene que su papel se limitó a firmar los decretos y órdenes de pago, pero no se dedicaba a controlar las cantidades, ni el número de horas extraordinarias que incluían, ni a nombre de quién se emitían las facturas. Entendía que todo estaba correcto, al venir los decretos y expedientes con el informe de Personal y “ya valorados para la firma”.

“YO NO PONÍA EL PRECIO”

El funcionario al que se encargaban estos trabajos ha explicado que venía haciéndolo desde hace “unos 28 años”. Comenta que los trabajos se los encargaban los técnicos con el visto bueno del delegado. “Yo no ponía el precio, ponía las horas de trabajo”, en base a las que explica que se hacían desde el Ayuntamiento los cálculos correspondientes. También ha asegurado que siempre cobraba con posterioridad a la elaboración del encargo.

Comenta que en un primer momento se hacían facturas a nombre de su mujer porque “me dijeron que lo hiciera así” y añade que “nunca” ha elaborado un presupuesto. Asegura que tampoco rellenaba los datos de las facturas, que entiende que lo harían “desde el Ayuntamiento”.

Más tarde pidió que cambiaran la forma de pago por la de gratificación de horas extra y que así se incluyera en su nómina. Esto se cumplimentaba a través de “un impreso tipo que había en el Ayuntamiento” que no se ajustaba exactamente a su supuesto, lo que explicaría ciertas inexactitudes a las que ha hecho referencia la Fiscalía.

Ha dicho que sí sabía que no podía hacerse contrato de suministro con funcionario, aunque “en ningún momento he hecho ningún contrato”. Entre otras cuestiones, ha explicado que él asumía el coste de la materia prima, que hacía los trabajos en un taller de costura que tiene en su domicilio y que efectuaba los trabajos fuera de su jornada laboral, utilizando “la noche, la madrugada, los sábados, domingos e incluso las vacaciones”.

Todos los imputados han prestado declaración este lunes, a excepción de la esposa del funcionario, que se ha acogido a su derecho a no declarar. Tanto el interventor accidental durante parte del tiempo investigado como el funcionario encargado de la Delegación de Personal han aludido a determinados supuestos en los que sí se pueden realizar encargos a funcionarios municipales en base al convenio del Ayuntamiento y al Reglamento de funcionarios de la Administración local.

El juicio quedará este martes visto para sentencia. Cabe recordar que la Fiscalía solicita para la alcaldesa cuatro años y ocho meses de cárcel y 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en el ámbito municipal, al considerarla responsable de un delito de prevaricación continuada y de otro delito de falsedad en documento oficial cometido por autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a Sánchez, la Fiscalía considera que es responsable de un delito de prevaricación continuada, por lo que solicita ocho años y seis meses de inhabilitación especial para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal y cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique una participación en el gobierno municipal.

También pide cuatro años y medio de cárcel y diez de inhabilitación para Puyana, que fue delegado de Fiestas y de Personal en el momento de los hechos. Para el funcionario que se habría beneficiado de las contrataciones irregulares pide dos años de cárcel y seis de inhabilitación, y seis años de inhabilitación para su esposa, que es, junto a Lorenzo Sánchez, para la única que no solicita pena de prisión. Para el resto de acusados solicita penas de inhabilitación y cuatro años y medio de cárcel.